Sanción de 400.000 euros al Canal de Isabel II por contaminar el río Jarama

 

El pasado 29 de agosto el Consejo de Ministros decidió sancionar al Canal de Isabel II con una fuerte multa por seguir contaminando el río Jarama con los vertidos procedentes de las numerosas depuradoras que gestiona a lo largo de las localidades ribereñas. Según parece la denuncia tiene relación con la reciente denuncia pública realizada por diversos colectivos ecologistas en relación con la alta concentración de contaminantes, de alto riesgo sanitario, existentes en las aguas de los ríos Jarama y Manzanares, con los que se riegan las numerosas parcelas agrícolas entre San Fernando de Henares y Aranjuez (ver completa esta noticia pulsando aquí).

La sanción impuesta por el Consejo de Ministros alcanza los 341.783 euros por verter aguas residuales en el río, a la altura de San Fernando de Henares, así como una indemnización de 100.800 euros por los daños causados al dominio público hidráulico. Estas sanciones deberían forzar al Canal de Isabel II a cambiar de política, considerando a los ríos madrileños como ecosistemas a proteger a demás de canales por donde se pueden escapar las reservas de agua que limitan sus cuentas de resultados anuales. El Canal de Isabel II no sólo es responsable del deficiente estado de las depuradoras de la Región, lo es igualmente de la desecación crónica de los tramos de cabecera por el cierre sistemático de las compuertas de las presas del Atazar y el Vado, impidiendo que los vertidos de los tramos bajos encuentren aguas limpias en los que diluirse. Esta política de desecación de cauces en el Jarama y en el Lozoya se produce todos los veranos incumpliendo sentencias judiciales, y es independiente del régimen de lluvias de la primavera anterior y las reservas de los pantanos. Para el Canal de Isabel II los ríos son simplemente canales por donde se pierden oportunidades de negocio. Lo que los ciudadanos vemos circular durante los veranos bajo el puente de San Fernando de Henares es simplemente una “sopa” exclusivamente procedente de la suma de vertidos de depuradoras y otros aun menos recomendables.

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Vertidos al río Jarama desde la depuradora (EDAR) de Casaquemada, en San Fernando de Henares, gestionada por el Canal de Isabel II. Sus instalaciones tratan deficientemente los vertidos procedentes de las redes de saneamiento de los polígonos industriales y las áreas residenciales de San Fernando de Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz. El resultado es bastante lamentable como pone de manifiesto la presencia confirmada de altas dosis de metales pesados en los sedimentos del cauce de este río. El Canal de Isabel II sigue utilizando las cifras de inversión para encubrir la lamentable calidad del servicio que prestan casi todas sus EDAR. La seguridad sanitaria de los madrileños y la calidad del ecosistema fluvial deberían estar entre sus prioridades.

Lejos de dar ejemplo en la defensa del interés general, algunas Administraciones como la madrileña se han convertido desde hace años en la principal amenaza de los escasos ecosistemas que sobreviven en nuestra Región. Para el Canal de Isabel II los ríos siempre serán cloacas a cielo abierto, sus prioridades, además de garantizar el abastecimiento, se centran en promocionar y amparar actividades tan poco ejemplares en el consumo de agua como los campos de golf. La Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” lleva cinco años intentando que el Canal de Isabel II informe sobre la facturación, por consumo de agua, de las instalaciones de las empresas que gestionan la treintena de campos de golf de la Región de Madrid. El Canal de Isabel II ha demostrado hasta la saciedad no estar dispuesto a facilitar públicamente tan sensible información.

La sanción que acaba de aprobar el Consejo de Ministros se impone a una entidad que alardea de no ser de la Administración Pública (dependiente de la Comunidad de Madrid) sino que se trata de una “entidad de derecho público”. Una argucia para no someterse al control social o para obstaculizar la entrega de información. Lo cierto es que el Canal de Isabel II si tiene “beneficios” en su cuenta de resultados, tanto mayores cuanta más “producto” ponga en el mercado. En cualquier caso la importancia de la sanción no es tanto quien la paga (los ciudadanos al final) sino la evidencia de que se sanciona una conducta grave contra el medio ambiente, protagonizada por una empresa que depende directamente del Gobierno Regional, y que al parecer debería estar para dar ejemplo en el cumplimiento de la Ley (con eso ya nos conformábamos, tampoco hay que pedirles sensibilidades que no pueden ofrecer).