Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid. El liberalismo salvaje contra el interés público

Colectivos ecologistas, vecinales y sanitarios piden que no siga adelante el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.

En plenas fiestas navideñas y sin previo aviso, el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, estableciendo el reducido plazo de siete días hábiles, entre Noche Buena y Noche Vieja, para la presentación de alegaciones.

El Anteproyecto de esta ley “ómnibus” modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a muy diversos ámbitos como: Hacienda pública, ordenación territorial y urbanismo, medio ambiente y protección de la naturaleza, ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales, ejercicio de las profesiones del deporte y numerosas cuestiones administrativas como servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, agentes forestales, policía local, agencia para la reeducación y reinserción del menor Infractor, uniones de hecho, agencia para la administración digital, estadística, cámara de cuentas, transparencia, silencio administrativo, compatibilidad de servicios por razones de interés público, fundaciones, tribunal administrativo de contratación pública, normativa y cargas administrativas, sanidad, proceso voluntario de integración en el régimen estatutario del personal laboral y funcionario que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por razones de interés general, categorías estatutarias del Servicio Madrileño de Salud, el régimen jurídico aplicable al personal emérito del Servicio Madrileño de Salud, agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid, etc.

En definitiva la complejidad, la transcendencia y los efectos del Anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en 7 días hábiles -inmersos en las fiestas navideñas y en la sexta ola de la pandemia con numerosas personas afectadas por la cepa ómicron- podamos participar de forma real y efectiva, según establece la regulación de la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa.

Las Organizaciones y colectivos abajo firmantes denunciamos que en estas condiciones, someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia e información públicas, y suprimir el preceptivo trámite de consultas, alegando de manera desviada una supuesta urgencia en la tramitación, que es incierta, supone una clara infracción a lo dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley –art. 133 Ley 39/2015-, así como en los artículos 8.a) y 6.3 del Convenio de Aarhus y 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia.

Consideramos inadmisible el proceder de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno al pretender modificar radicalmente normativa consolidada de la Comunidad de Madrid, reduciendo el debate parlamentario (al tramitarse por vía de urgencia) y eludiendo la participación social. Bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes.

Son muchas las personas que consideran que el Anteproyecto no está justificado, en menos de cuatro días más 13.000 personas han firmado, pidiendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que retire la ley. Por ello exigimos que se amplíen, al menos un mes, los plazos de los trámites de audiencia e información pública del citado anteproyecto o subsidiariamente se anule todo el procedimiento. El Gobierno regional debe renunciar a esta forma de gobernar de espaldas a la participación ciudadana, de espaldas al diálogo y la negociación, esta forma crispada de gobierno que rechaza todo lo ajeno y sólo presta atención a lo que siente propio, en definitiva, a esta forma sectaria de afrontar el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Organizaciones firmantes:

  •  Asamblea en Defensa del Tajo de Aranjuez
  • Asociación Defensa del Parque Móvil del Estado
  •  Asociación Ecologista del Jarama El Soto
  •  Asociación Madrileña de enfermería Independiente (AME)
  •  Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
  •  ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
  •  Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA)
  •  Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial
  •  Asociación Vecinal de Vicálvaro
  •  Casa Vecinal de Tetuán
  •  CGT SANIDAD MADRID
  •  Club de Debates Urbanos
  •  Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí
  •  Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública
  •  Csit Unión profesional
  •  Comisiones Obreras de Madrid
  •  Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
  •  FACUA Madrid
  • FAPA Giner de los Ríos
  • Federación INJUCAM
  • FACUA Madrid
  • FAPA Giner de los Ríos
  • Auditoría Sindical de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad)
  • ATTAC Madrid
  •  Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz y su entorno
  •  Invisibles de Tetuán
  •  Jarama Vivo
  •  Madrid Ciudadanía y Patrimonio
  •  MATS
  •  Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP – Marea Blanca
  •  Parque SÍ en Chamberí
  •  Plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda
  •  Plataforma para la Defensa del Tajo de Santa Cruz de la Zarza
  •  Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  •  Plataforma contra la Impunidad del Franquismo
  •  Plataforma de Centros de Salud
  •  Plataforma de la Zona Norte
  •  Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Noroeste de Madrid (PDSPZNM)
  •  Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo
  •  Red ONGDs de Madrid
  •  SUMMA T
  •  Unión General de Trabajadores de Madrid
  •  Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
  •  Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA)
  • Solidaridad Obrera
  • Sindicato Asambleario de la Sanidad
  • Plataforma Sindical de la EMT
  • Asamblea Antimilitarista de Madrid
  • Coordinadora por la Defensa de las Pensiones Públicas
  • Plataforma contra los Fondos Buitre

Favorecer aun más la caza o la urbanización en espacios protegidos, son dos de las consecuencias, en el ámbito del medio ambiente, de la Ley omnibus que tramita el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Efectos de la Ley en materia urbanística, ordenación del territorio y de medio ambiente
→  Proyectos de Alcance Regional: permite al Gobierno Regional determinar qué proyectos tienen este alcance, sin necesidad de fundamentar su utilidad pública o interés social, los cuales podrán ser realizados en cualquier tipo de suelo (esté protegido o no). Además, faculta a cualquier entidad privada la posibilidad de tramitarlos, actualmente limitado a los Centros Integrales de Desarrollo.
→  Modificación de las entidades privadas colaboradoras en materia urbanística (EPCUs): se transfiere a empresas privadas unas funciones de responsabilidad y concepción netamente públicas, como es la tramitación de licencias y declaraciones responsables urbanísticas o la inspección de actos de uso del suelo y edificación. Por ejemplo, los «certificados de conformidad» que habrán de emitir las EPCUs bastarán por sí mismos para la concesión de las licencias, sin más trámite o ratificación/rectificación por parte de los servicios municipales.
→  Eliminación de la obligación de ceder suelo al ayuntamiento para la construcción de dotaciones como hospitales, parques o centros escolares. Ahora, el promotor tendrá la opción de pagar una cantidad monetaria (que en la práctica es de mucho menos valor que el suelo), lo que la ley actual solo permite cuando este justifique que no tiene suelo que pueda ceder.
→  Favorece la utilización de Planes Parciales y Planes Especiales para hacer modificaciones del planeamiento general. Se pretende reducir el control y las posibilidades de evaluar negativamente operaciones de planes parciales o especiales cuando contradigan los principios del planeamiento general, el interés público y el bienestar de la ciudadanía.
→  Facilita el uso de suelos públicos para ser utilizados para fines netamente lucrativos, sin justificación alguna.
Creación de las mancomunidades de interés general. Se desligan las decisiones de estas entidades locales de los plenos de los Ayuntamientos que las conforman, lo que incrementará la falta de transparencia y el control en estas entidades ya de por sí opacas y gestoras de dinero público.

En cuanto a los efectos que puede tener en materia de medio ambiente, están:
→  Reducción de la protección de las especies vegetales de flora silvestre, tanto las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, como las que no lo están.
→  Desprotección del arbolado de especies no protegidas. En la práctica lo que se persigue es eliminar la supervisión por parte de la administración competente en el caso de talas en obras o aprovechamientos. Los ejemplares arbóreos de las especies vegetales de flora silvestre no protegidas, por el mero hecho de serlo, se considerarán como especies de interés forestal y podrán ser sometido a un aprovechamiento comercial.
→  Desprotección y privatización encubierta de los montes de utilidad pública: se elimina la obligación de estar sometidas a autorización ciertas actividades, al limitar los informes por parte de la entidad titular. Además, se amplía el plazo de las ocupaciones temporales de 15 años a 75 años, lo que supone una privatización encubierta de estos montes.
→  Favorece el uso urbanístico y comercial de los Parques Regionales: propiciando nuevas infraestructuras, obras, negocios hosteleros, hoteleros y de turismo o incluso negocios y aprovechamientos residenciales, en zonas donde, hasta ahora, estaban restringidos o estaban completamente prohibidos.
→  Facilita la caza en zonas de máxima protección. La actividad cinegética podrá realizarse incluso en las zonas de más alto valor ambiental, sin más limitaciones que cualquier otra zona del territorio.
→  Posibilita modificar los límites de los Parques Regionales sin control. El Gobierno Regional podrá cambiar el territorio protegido si considera que no existen suficientes valores ambientales.

Otros efectos de esta ley:

→ Transparencia: Elimina la obligación de publicar las reuniones que mantengan los miembros del gobierno y cargos públicos. Introducen la “reunión de cortesía institucional” para no tener que dejar constancia de una reunión. Convierten una obligación en un elemento voluntario.
→ Cámara de Cuentas: Atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas, pasando de una mayoría de dos tercios a una mayoría simple para elegir a los consejeros. Y elimina la obligación de comparecencia previa a su elección (algo que sí se mantiene a nivel estatal). 
→ Agencia de Contratación Sanitaria. Conociendo los antecedentes del Partido Popular tememos que sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional.Es un asunto que sería merecedora de una ley ex profeso para su creación y podría suponer una oportunidad para acabar con la fragmentación de la contratación en los diferentes centros gestores,
→ Ley de servicios sociales. Implantan la historia social y el registro único. Inicialmente iba a tener un carácter universal pero la limitan a usuarios de servicios sociales, un elemento que no mejora la situación de los servicios sociales ni de los usuarios pero sí los estigmatiza creando un “carnet de pobre”.
→ Decreto de juego. Supone una transposición de elementos de la normativa estatal. Pierde la oportunidad de dar pasos para poner orden en el juego en la Comunidad de Madrid, evitar la incorporación de adolescentes y aumentar la ayuda a las asociaciones de afectados.
→ Transportes urbanos (VTC): cronifica la mala situación para el colectivo de taxistas, ampliando la discrecionalidad y manteniendo la falta de obligación de pre-contratación., Además no explican cómo van a hacer cumplir la relación (1 licencia VTC por cada 30 taxis) que establece la ley (actualmente en Madrid es 1 a 7)
→ Entidades locales: resta competencias a los municipios, establecen diferencia entre Mancomunidad y Mancomunidad de Interés General sin aclarar modos de contratación de la plantilla, sin fijar los plazos para los desarrollos reglamentarios que citan, sin incluir criterio de paridad, sin establecer mecanismos de publicidad y transparencia para los acuerdos y los documentos, sin garantizar informes de impacto territorial desde Medio Ambiente…
 Archivos públicos. Mayor mercantilización por aumento de las tasas de reproducción lo que los convierte en bienes menos accesibles y poco universales.

La mayoría de la administración en el Consejo de Medio Ambiente impone un informe favorable a la Ley Ómnibus

Los representantes ecologistas manifiestan su oposición por ser una norma que supone un retroceso en la legislación ambiental.
• La Consejera de Medio Ambiente impide que se debatan las reformas legales que afectan a la ordenación del territorio a pesar de tratarse de leyes ambientales.


En la tarde del martes 11 de enero se dio un paso más en el trámite de aprobación de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus. Se dio traslado al Consejo de Medio Ambiente, el órgano de participación regional entre cuyas funciones está informar sobre la normativa que afecte al medio ambiente madrileño.
El Consejo de Medio Ambiente informó favorablemente a las modificaciones del Título III del anteproyecto de Ley, con tan solo el voto en contra de los representantes de los colectivos ecologistas (María Ángeles Nieto y Raúl Urquiaga), así como de las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Salvo la abstención del representante del Seprona de la Guardia Civil, el resto de vocales se posicionaron a favor de las modificaciones de las leyes ambientales incluidas en la Ley Ómnibus. No es de sorprender el sentido de este voto cuando las dos terceras partes de
sus vocales son cargos de las Administraciones regionales y locales.
Un aspecto polémico del orden del día de la reunión ha sido que no se incluyeran a debate las reformas a las leyes urbanísticas y de ordenación del territorio con contenido ambiental (Título II del anteproyecto). María Ángeles Nieto ha señalado que la negativa de la consejera de Medio Ambiente, Pilar Martín, a que estos temas sean tratados “es una situación irregular que impide el ejercicio del normal funcionamiento del Consejo”. Entre otras cuestiones no se han tratado reformas que permiten usos, construcciones, actividades y macrocomplejos en suelos
protegidos. La vocal ha recordado a la consejera que la normativa relativa a ordenación del territorio y suelo se considera ambiental de acuerdo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Los representantes ecologistas han señalado que las reformas de la Ley Ómnibus supondrán una regresión ambiental con respecto a los textos normativos actuales y una afección negativa a la conservación de los espacios naturales así como de la fauna, la flora, los bosques y el paisaje madrileño. Raúl Urquiaga ha señalado en la reunión que “las leyes ambientales se hacen para propiciar la conservación de los valores naturales, no para facilitar negocios de sectores minoritarios de la ciudadanía madrileña”. Se ha interpelado a la Consejera Pilar Martín para que explique de forma concreta por qué la Ley Ómnibus supone un impulso para la defensa y una mejora del medio ambiente y a qué sectores reales de la población madrileña va a favorecer, sin que esta haya contestado.
El Consejo de Medio Ambiente es un órgano de consulta y asesoramiento, con la finalidad de impulsar la participación de las organizaciones interesadas en la defensa del medio ambiente en la elaboración y seguimiento de la política medioambiental, orientada al desarrollo sostenible. A la vista de lo ocurrido en la última sesión, es un órgano que no responde a tal finalidad, sino al respaldo acrítico de la política dogmática del Gobierno Regional que antepone los negocios de sus afines frente a la conservación del medio ambiente.

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