Las graveras ilegales del Parque del Sureste ante los tribunales

Cinco años después de cumplirse el plazo para trasladarse continúan funcionando graveras en suelos donde está prohibida esta actividad.

Las asociaciones ecologistas GRAMA, Jarama Vivo, El Soto y Ecologistas en Acción han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inste a la Consejería de Medio Ambiente a retirar las graveras ilegales que se asientan en las zonas más sensibles del Parque Regional del Sureste y cuya actividad, extracción de áridos, debería haber cesado en febrero de 2004, según lo previsto en la legislación del Parque Regional del Sureste. Estas asociaciones acusan a la administración ambiental de contribuir, con su inacción, al deterioro de este valioso espacio protegido.

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Vertidos de lodos al río Jarama desde la gravera “Peñalver”, en San Fernando de Henares

Al no cumplir con la obligación de clausura o traslado de estás actividades la Consejería de Medio Ambiente viene tolerando la actividad minera en las zonas más sensibles y de mayor valor natural del Parque Regional del Sureste. El resultado es la ocupación de las zonas inmediatas a los cauces, vertidos de lodos al río Jarama, destrucción del bosque de ribera y afección a la fauna y a parajes de alto valor ambiental, todo ello dentro de un espacio protegido.

La iniciativa ante los tribunales es igualmente la consecuencia de la lamentable respuesta dada por la Consejería que dirige Ana Isabel Mariño, acusando a los colectivos ecologistas de desconocer la legislación del espacio protegido (*) y pretendiendo hacer creer que es el Plan Rector (aprobado en febrero de 2009) el que fija el traslado de las graveras que ocupan suelos incompatibles. La Ley 6/94 establece claramente (en su Disposición Adicional Cuarta) que se trasladarán las explotaciones mineras que ocupen suelos donde esta actividad no está permitida, dicho traslado “se llevará a cabo en un plazo no superior a cinco años a partir de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales”. El PORN se aprobó en febrero de 1999. A la Consejería de Medio Ambiente, siempre tan preocupada por los intereses de las actividades económicas, se le ven las intenciones de ignorar su propia legislación para facilitar la actividad de empresas que causan graves daños a los suelos y a las aguas.


Más información:
La Comunidad de Madrid recuerda a los ecologistas que el PRUG ya garantiza el traslado de las graveras
(nota contemporánea: durante la vigencia del PRUG no se trasladó ninguna gravera. En noviembre de 2015 aun no se había trasladado ninguna instalación)