Las alegaciones no son para el verano

Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y administración central han aprovechado este verano para tramitar los períodos de información pública de multitud de actuaciones que afectan al medio ambiente en la región. De esta forma se dificulta, aún más, el acceso a la información y la participación, como subraya Ecologistas en Acción.  Un repaso a las actuaciones urbanísticas, proyectos de infraestructuras y planes de gestión en espacios naturales Red Natura presentados en pleno periodo vacacional permite dudar que el momento escogido sea mera casualidad.

A pesar de la idea generalizada de que el urbanismo está paralizado en la Comunidad de Madrid, la realidad es muy diferente. Aunque la construcción se ha reducido drásticamente, no lo ha hecho la planificación. Los ayuntamientos siguen tramitando numerosas actuaciones urbanísticas, cuyo fin principal es la reclasificación de suelo. Entre éstas se encuentran los planes generales.

De los seis planes generales que este año se han expuesto a información pública, cuatro han sido entre los meses de junio y agosto. Corresponden a los municipios de Madrid, San Martín de la Vega, Daganzo de Arriba y Puentes Viejas (Pedrezuela y Soto del Real salieron en enero y marzo respectivamente). El plazo de información pública suele ser de un mes (Daganzo de Arriba 45 días), con lo que al hacerlos públicos en verano hay mucha más probabilidad de que los interesados no se enteren o no tengan acceso a la información.

Tomar notas de mil páginas a mano, en horario de verano y en pleno agosto

La mayoría de estos documentos no son accesibles en internet (Madrid ha sido una excepción), con lo que hay que desplazarse a los ayuntamientos en horario de mañana para poderlos consultar. Incluso, algunos ayuntamientos ni siquiera facilitan  copias, lo que obliga a pasarse horas tomando notas a mano (se trata de documentos que cuentan con varios cientos o miles de páginas y decenas de planos). Pasados los plazos de exposición pública no se permite ni acceder a la documentación ni alegar.

En el caso de las infraestructuras este año la Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad de Madrid ha sacado el Plan Director del aeródromo del Suroeste, proyecto muy polémico que podría dar servicio al complejo Eurovegas y que se localizaría, entre los municipios de Navalcarnero y El Álamo. La huella acústica afectará a varios núcleos de población y espacios protegidos. Muchos vecinos ni siquiera han tenido conocimiento del asunto.

Igualmente la Delegación del Gobierno en Madrid, mediante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha expuesto al público el proyecto de construcción de una línea eléctrica de alta tensión, entre Galapagar y Moraleja de Enmedio, que afecta de norte a sur al Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. Especialmente grave es el impacto e en la mitad norte, entre Galapagar y Vademorillo, donde arrasaría zonas de máxima protección, siendo el municipio más afectado Colmenarejo. En este caso la documentación tampoco está accesible en Internet.

Mientras tanto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha sacado, casi de forma simultánea, tres planes de gestión que afectan a espacios naturales Red Natura. En concreto el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid, el LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte y el LIC Cuenca del río Guadalix. En total una superficie de 103.534 hectáreas. El fin de estos planes es establecer criterios de gestión sostenible, de tal forma que los usos y actividad humanas sean compatibles con la conservación de especies y hábitats, como establece la normativa europea. Sin embargo la Consejería elabora documentos carentes de contenido que sólo utilizan para justificar ante Europa que han cumplido con el trámite. Por eso no interesa que haya voces críticas a estos documentos.

La participación pública efectiva en materia de medio ambiente se ha convertido en un mero trámite, a pesar de ser un derecho, recogido en la normativa europea y española. La práctica totalidad de las administraciones equiparan participación con período de información pública. No hay más participación. Pero si esta vía queda mermada por las maniobras de la administración para cumplir con el trámite pero dificultando la intervención de la ciudadanía, se pierde el escaso derecho con el que se cuenta.  Debe recordarse que en muchas ocasiones las alegaciones ponen de manifiesto irregularidades que, si no se corrigen, terminan dirimiéndose ante la Justicia.