La explotación intensiva de los ríos madrileños

La actividad de pesca en la Comunidad de Madrid es poco reconocida por los propios pescadores, cuatro de cada cinco pescadores prefieren salir fuera de nuestra Comunidad para practicar la pesca, especialmente de la trucha. Este dato es un indicador de la mala calidad y el poco aprecio que los pescadores madrileños tienen sobre la gestión de pesca que la Consejería de Medio Ambiente practica desde hace años. Y no les falta razón, los ríos madrileños son probablemente los más degradados de nuestro país, pero incluso en sus tramos mejor conservados, de cabecera, su aprovechamiento intensivo ha acabado por reducirlos a “bañeras” a las que se arrojan peces exóticos periódicamente para que, previo pago de un permiso a la asociación privada de pescadores a la que se ha entregado la gestión del tramo fluvial, se puedan pescar unas cuantas truchas “exóticas”, “invasoras” y de origen comercial. Son los llamados cotos de pesca intensivos o consorciados, la mayoría de los que hay en la Comunidad de Madrid. En los tramos libres, ajenos a estos cotos, la vida piscícola prácticamente ha desaparecido o ha sido sustituida por especies oportunistas ajenas a nuestras aguas (peces gato, lucios, siluros, perca sol, etc.) que han encontrado acomodo gracias a la salvaje regulación de la mayoría de los ríos madrileños. Este es el escenario lamentable de los ríos y la pesca en la Comunidad de Madrid, una Región con más de 200.000 pescadores residentes, de los que sólo 55.000 practican esta actividad en los ríos madrileños (datos de 2013). La mayoría de los pescadores rechazan de esta manera un modelo de gestión que desprecia la pesca de calidad y la conservación de los ríos. Ni siquiera es un modelo útil para el estímulo de la economía local.

Truchas de granja a toda costa

Salvo algunas temporadas, entre 2016 y 2019, los tramos mejor conservados de los ríos madrileños han sido sometidos a la visita reiterada de cisternas procedentes de piscifactorías comerciales. Desde esos depósitos se vierten a las pozas y a las chorreras de los llamados cotos de pesca toneladas de peces de granja exóticos e invasores. Estas extrañas visitas, semanales en muchos casos, se han llevado anualmente la práctica totalidad del importe de los ya escasos fondos destinados a la recuperación y conservación de los ecosistemas fluviales (véase el informe de los años 2011 y 2012). En un país moderno esta clase de agresiones a los ríos, y especialmente a los tramos donde habitan, o podrían recuperar sus poblaciones, las últimas truchas salvajes, estarían castigados severamente. Estamos hablando del patrimonio público fluvial, cuya conservación tiene encomendada la administración que realiza esas sueltas o las autoriza.

Los gestores de la Comunidad de Madrid prefieren ignorar las recomendaciones de científicos, universidades, las experiencias de otras comunidades, los compromisos internacionales de nuestro país, incluso la vasta legislación que prohíbe o rechaza esas prácticas. Llegó incluso una sentencia del Tribunal Supremo (en marzo de 2016) a poner fin a lo que era un escándalo y una agresión inaceptable a los ríos. Sólo fue una solución temporal, en 2019 un acuerdo en las Cortes permite volver a autorizar la suelta de truchas “de granja”, oficialmente declaradas invasoras, gracias al retorcimiento de la Ley de Patrimonio Natural, llegando a crear un nuevo artículo que pretende que se sigan soltando truchas invasoras para evitar, mediante la pesca, que se extiendan fuera de sus áreas de distribución histórica. No es broma, está en el nuevo art. 64 ter.1 de la Ley 42/2007.

Quienes han practicado, amparado o autorizado estas sueltas de peces de granja, que compiten y desplazan al resto de los peces, están incapacitados para trabajar en la conservación fluvial. Son los gestores de la Administración Regional de Madrid (la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente), que vienen reproduciendo los mismos errores año tras año (ver las órdenes de veda de la última década, por lo menos), y que no cambia de prioridades a pesar de que dispone de datos que confirman la pobreza piscícola de nuestros ríos (en los muestreos de 2015 no fueron capaces de capturar una sola trucha en el tramo de Alameda del Valle y en los realizados en 2016 no se capturaron truchas comunes en 6 de los 21 puntos estudiados). Ellos prefieren mantener un sistema clientelar entre algunos colectivos de pescadores antes que ejercer sus obligaciones y competencias en conservación. Mientras la mayoría de las Comunidades Autónomas hacen esfuerzos crecientes por recuperar las poblaciones de peces nativos y evitar la hibridación genética (con truchas comunes) o introducir truchas exóticas e invasoras (trucha arco iris), en nuestra Comunidad todos los esfuerzos se dirigen a reforzar esas prácticas, recuperando en este caso la suelta de truchas comunes exóticas, una práctica que se había abandonado en 2013 por los riesgos evidentes y por ser una actividad prohibida en el artículo 52.2 de la Ley 42/2007, de Patrimonio natural.

Los daños que ha provocado este modelo de gestión de ríos y la pesca, durante décadas, son espectaculares. Este modelo de pesca mediante el sistema “compro-suelto-pesca” ha sido muy perjudicial para los ríos madrileños, donde la ocupación sistemática de los mejores cauces por miles de truchas procedentes de piscifactorías han desplazado a las truchas salvajes que ocupaban estos tramos o se han hibridado con ellas (caso de las sueltas con comunes) dando lugar a ejemplares poco adaptados. La sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016 supone una descalificación de este modelo de pesca:

“Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas, más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”.

Opacidad de la Administración

La mayor parte de los cotos de pesca, además de intensivos son de gestión privada. La Administración Regional ha entregado la gestión de tramos trucheros a entidades privadas de pescadores, creadas en ocasiones para este fin. De las condiciones en las que se entregan el patrimonio público a estos particulares nada se sabe, no facilitan ni publican las resoluciones de los consorcios (son contratos públicos), ni las memorias anuales de actividad de los cotos. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (DGMA) considera que toda esta información de carácter público es un secreto que hay que guardar de miradas indiscretas. A pesar de estas obligaciones legales, la actitud reiterada de la Administración es la de negar a los ciudadanos el derecho a acceder a la información, se burlan de leyes como la de Transparencia o la de Acceso a la información en materia de medio ambiente. Incluso llegan a desafiar al Defensor del Pueblo. Muchos ejemplos de este culto a la opacidad se pueden consultar pulsando aquí.

El uso y abuso que algunas entidades privadas hacen de estos tramos acotados se ha puesto de manifiesto en algunas ocasiones. La más destacada ocurrió en 2009 en el coto de Manzanares, entre La Pedriza y Manzanares el Real. En aquella ocasión los gestores de este coto metieron maquinaria en el río para recrear las pozas que habían quedado alteradas por la retirada de un azud aguas arriba (pulsar aquí para acceder a los detalles). Por si fuera poco en la defensa de esta actuación en la sesión del Consejo de Pesca del 4-11-2009 el representante de esta entidad se intentó defender expresando su preocupación por la presencia de nutrias y martín pescador en su río (no es broma) …mientras tanto, los representantes de la Administración que deberían velar por la conservación en la Región de Madrid manifestaron su “comprensión”. No se trata de criminalizar a las asociaciones que gestionan cotos de pesca, donde hay de todo, incluso algunas con una estimable actividad de educación ambiental. Es el modelo lo que falla, y ese modelo se ha estado apoyando durante décadas en la suelta constante de peces comerciales, en el abandono de la administración de sus obligaciones de conservación sobre ecosistemas, especies, caudales, barreras fluviales, etc., y en la absoluta opacidad administrativa.

Aun más grave ha sido la situación provocada en relación con las posibles sueltas de peces durante el primer semestre de 2016. Según el Área de Conservación de Flora y Fauna no se ha autorizado en 2016 ninguna suelta (“…ni a las asociaciones de pescadores que gestionan los cotos consorciados…“), ver documento pulsando aquí). Sorprende que la Administración Ambiental que vigila los ríos madrileños no haya sido capaz de detectar las numerosas visitas que los camiones cisternas han llevado a cabo en 2016 en media docena de cotos consorciados (en 37 ocasiones, según informan las propias asociaciones de pescadores que gestionan estos cotos y conoce cualquier pescador habitual de estos escenarios). Pero preocupa aun más la ausencia de controles en estas sueltas, sólo en 2 de esas sueltas se levantó acta que certificara las condiciones sanitarias de los ejemplares de peces que se soltaban. El asunto se trasladó a la fiscalía, que decidió presentar cuatro denuncias penales contra responsables de los cotos de pesca por liberar especies sin autorización. En nuestra opinión la Consejería de Medio Ambiente conocía perfectamente todo lo que estaba sucediendo, simplemente miraba para otro lado.

El Consejo de Pesca

En el Tsunami de la “Ley Mordaza” del año 2011, que se llevó por delante la práctica totalidad de los órganos de participación social, se salvó el Consejo Regional de Medio Ambiente. Una buena noticia si no fuera por que ha llegado a reunirse con una periodicidad de ¡cuatro años!. El Consejo de Pesca pasó a depender del anterior y adoptó desde entonces el nombre de “Sección de caza y pesca“, y dentro del mismo se creó el llamado “Grupo de trabajo de pesca fluvial“. Pero no nos perdamos, el contenido, competencias y participantes es el mismo que el anterior Consejo de Pesca.

La composición de este órgano de información y asesoramiento en materia de ecosistemas fluviales y pesca (véase el decreto de creación pulsando aquí) es muy simple: la mitad de sus componentes pertenecen a la administración y la mayoría del resto a las asociaciones que gestionan los cotos consorciados de pesca que de manera irregular han recibido de la administración. En este escenario es difícil el debate sobre el estado de los ríos, la falta de caudales, la contaminación, el declive de las especies, los frezaderos, información sobre estudios realizados en el medio acuático, la calidad de la actividad de pesca. Estos asuntos no son del interés de la mayoría de los participantes en el Consejo, el resultado es que casi todo el debate y contenidos giran alrededor de los cotos consorciados y sus necesidades. Ni siquiera consideraron conveniente debatir sobre propuestas de recuperación de las escasas poblaciones de truchas salvajes o de una nueva regulación de la pesca (ver propuestas pulsando aquí).

El Consejo de Pesca se reúne anualmente con el objetivo casi monográfico de sancionar el borrador de la orden de vedas para el año siguiente. Se trata de un acto formal donde no se debate sobre los problemas de los ríos y sus habitantes. Intervenciones denunciando la desecación de cauces han causado a veces una pequeña conmoción entre los presentes, por extemporáneo. En estas reuniones, incluso se debate poco sobre los cambios en la siguiente orden de vedas, y no ocurre por que no hay mucho que cambiar, y porque las pequeñas alteraciones ya están decididas, demasiadas veces, en el trabajo de despacho: para intentar ampliar el coto, para aumentar la oferta de permisos, para que se permita la pesca en tramos vedados, etc.

En estas reuniones también se ofrece también el informe anual de pesca. Se trata de una presentación en PowerPoint, donde se ofrece información estadística sobre permisos para cotos, licencias, encuestas a pié de río, etc. Es una información rutinaria con un esquema que se repite desde hace años. Aún tratándose de información meramente administrativa se trata al parecer de unos datos cuyo conocimiento público debe resultar de una peligrosidad que se nos escapa. Conseguir una copia de este informe (en papel o en archivo telemático) ha sido todo un reto para la paciencia durante muchos años. A veces lo hemos conseguido a través de la oficina del Defensor del Pueblo, otras tras casi un año de requerimientos.Desde 2016, y tras varias advertencias del Defensor del Pueblo, se publican en la web institucional.

Yonkis de la trucha arco iris

Los detalles que rodean estas prácticas contra la conservación y el patrimonio público fluvial son realmente lamentables. Frente a las críticas por esta conducta de depredadores institucionales, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) asegura, por ejemplo, que las truchas de granja que suelta en los ríos son estériles. Con esto quieren decir que las truchas salvajes comunes están a salvo de hibridarse con las comunes de granja (y genética centroeuropea), o que las arco iris no podrán reproducirse en el río y propagarse. Sin embargo no hay ninguna garantía de que las truchas que se han ido soltando a los ríos sean estériles, ni lo mencionan los pliegos de condiciones (ver el correspondiente a 2011-2012), ni los contenidos de algunas guías sanitarias que acompañan cada cisternazo (ver aquí un ejemplar con sus contenidos). Todo se reduce a una simulación por parte de la DGMA. Ni siquiera se controlan estas condiciones sanitarias por parte de los agentes forestales, como se puso de manifiesto en 2016, cuando tan sólo 2 de los 37 cisternazos fueron controlados.

En diversas ocasiones le hemos dicho a la DGMA que hay otras formas de hacer las cosas. Se trata de prioridades, de conservación. A los últimos Directores les hemos hecho llegar varias propuestas, dentro de un plan de recuperación de especies y tramos de cabecera: estudios previos del estado de los ríos, zonificación en la ordenación de usos, generalización de la pesca sin muerte, plan de vigilancia, incluso refuerzo con productores de las líneas genéticas de los ríos madrileños, recuperación de frezaderos, eliminación de especies invasoras, etc. El objetivo es recuperar los ríos, las especies y, finalmente, la pesca de calidad. Nada de esto les interesa, todo se limita a atender las necesidades de los gestores privados de los cotos intensivos.

Por supuesto que hay miles de pescadores madrileños acostumbrados durante años a pagar para llevarse un cupo de truchas, arco iris o comunes (o a resignarse a unos tramos no acotados casi sin vida piscícola). Entendemos que la administración tiene la obligación de responder a esa demanda, al tiempo que debería facilitar la evolución de este modelo de pesca hacia una pesca de calidad y sostenible. En las propuestas, que conocen desde al menos 2012, tienen algunas soluciones que ya se aplican en otras comunidades autonómicas, por ejemplo trasladar a lagunas y entornos cerrados esta clase de cotos de suelta-paga-pesca. Entornos cerrados con accesos incluso cercanos a las zonas de residencia de la capital y su corona metropolitana. Liberaríamos de esta manera una importante presión sobre los tramos que se deberían recuperar de décadas de cisternazos. Nunca han querido darse por enterados. Esta administración sigue apostando por la pesca de peces de granja en los mejores tramos fluviales de cabecera, donde sobreviven a duras penas las últimas poblaciones de trucha salvaje, en escenarios que forman parte de la Red Natura 2000.

A pesar de haber dejado irreconocible la legislación con tantas presiones del lobby de la pesca extractiva, ni siquiera la respetan. La tan retorcida ley 42/2007 establece cláramente que estas sueltas de peces declarados alóctonos, comerciales e “invasores” no se pueden llevar a cabo en escenarios fluviales donde está presente la trucha común. Es una elemental de protección de esta última especie, a la que desplaza. El art. 54.2 de esa Ley de Patrimonio Natural dice claramente que

La Administración General del Estado prohibirá la importación o introducción en todo el territorio nacional de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos.

No les importa estimular estas sueltas mientras reconocen oficialmente que los cotos consorciados del Lozoya, Manzanares, Cofio o Aceña, tienen presencia de trucha salvaje. Aunque el consenso científico es abrumador (incluyendo la UICN o referencias tan solventes como Ignacio Doadrio) sobre las consecuencias negativas que producen estas sueltas masivas de truchas de granja sobre las especies salvajes, la Consejería de Medio Ambiente de Madrid es capaz de encontrar un experto capaz de afirmar que estos cotos intensivos la trucha salvaje “prospera mucho” (literal). Es un permanente desprecio del Estado de Derecho y del sentido común.

Por otro lado la adecuación de nuestra legislación a nuevos criterios de conservación viene soportando los vaivenes producidos por el lobby de la pesca extractiva y la administración que les apoya. Desde 2011 seguimos en un permanente estado de provisionalidad con la caracterización de los peces exóticos e invasores. Mientras tanto la administración ambiental de Madrid no lleva a cabo ningún plan de recuperación de especies piscícolas como la trucha común, cuyas poblaciones escasean de manera alarmante, o del barbo común, o la boga (cuyas poblaciones han desaparecido de muchos tramos), o de tramos fluviales, o de intervención frente a las especies invasoras (ya tenemos siluros hasta en el pantano de San Juan). Quienes dirigen el área de Conservación de Flora y Fauna están simplemente al servicio de quienes quieren seguir explotando los mejores tramos de los ríos madrileños, carecen de criterios de conservación y desprecian las advertencias de científicos e instituciones. Nuestros ríos necesitan otro modelo de gestión y otros gestores. Quienes han estado en el origen y han practicado el desprecio por la conservación nunca serán parte de la solución.


La tortuosa historia de la especie invasora llamada trucha arco iris:

  • Sin irnos más atrás en las recomendaciones y prohibiciones legales, normativas europeas o convenios firmados por España para prevenir la introducción de especies ajenas a las aguas continentales, incluso el Código Penal (art. 333), hay que referirse a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad deja claro que las especies consideradas alóctonas (ajenas a nuestras aguas) no pueden soltarse al medio natural. Casi es de sentido común. Aún así los cotos intensivos de arco iris llevaban funcionando en la Comunidad de Madrid desde muchos años antes, ya en 1989 se hacían “repoblaciones” con esta especie invasora y siguieron haciéndolo después de 2007.
  • Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre. Pretendía desarrollar el primer Catálogo de especies invasoras. La trucha arco iris
  • (“Oncorhynchus mykiss”) se declara como especie con “potencial invasor” y sus sueltas quedan en suspenso. Era la oportunidad para que la Comunidad de Madrid cambiara de modelo y pusiera en marcha planes de recuperación de las truchas comunes, las bogas o los barbos; especies piscícolas cuyas poblaciones estaban en declive evidente. Nada de eso se quiso hacer a pesar de que desde 2011 venimos ofreciendo nuestras alternativas para hacer compatible conservación y gestión de pesca deportiva. La Administración dedicó sus esfuerzos en intentar revertir las limitaciones del Catálogo y volver a soltarles truchas arco iris a los gestores privados de los cotos. Esta regulación, basada en estudios científicos solventes, cedió a las presiones del lobby de la pesca extractiva y sus terminales institucionales (caso de la Comunidad de Madrid), el resultado fue que la respuesta administrativa sobre “repoblaciones” ya dependía del año de introducción en nuestros ecosistemas. Se acabó anulando la totalidad del listado de las especies con “potencial invasor”.
  • El resultado de las presiones dio lugar al RD 630/2013, de 2 de agosto, Catálogo español de especies exóticas e invasoras. Aquí ya se daba una “relación indicativa” de las especies con potencial invasor sin mayor valor normativo. Las presiones para continuar con las sueltas dan sus frutos. La Disposición Transitoria Tercera facilita la pesca de la arco iris sólo en los cotos donde ya se autorizaba antes de la entrada en vigor del RD
  • El Tribunal Supremo declara especie invasora a la trucha arco iris. La sentencia atiende al recurso de asociaciones ecologistas y de pescadores conservacionistas, se referencia en artículos científicos que se añaden como anexos y declara que determinadas especies no se habían incluido en el Catálogo (RD 630/2013) a pesar de su acreditación científica. El fallo devuelve a la especie al Catálogo y se vuelve a prohibir la introducción de esta especie.
  • A pesar de las evidencias científicas y regulaciones fallidas, las presiones del lobby de la pesca extractiva vuelven a la carga y ahora de dirigen a intentar cambiar la Ley 42/2007, el fundamento original de las diferentes normas sobre especies invasoras. Durante 2017 se llega a un acuerdo entre PSOE-PP-Ciudadanos para cambiar la norma. El resultado es la Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007. Los cambios que introduce vienen a facilitar la introducción y pesca de la especie de trucha arco iris, a pesar de que oficialmente sigue formando parte del Catálogo de Especies Invasoras. Es decir, si sirve para mantener el modelo de explotación de los ríos, se puede hacer un paréntesis en los daños colaterales. Y por ahí vamos hasta ahora.

Más información:

Informe sobre repoblaciones en la Comunidad de Madrid, años 2011 a 2013

Deliberaciones, actas e informes de las sesiones de los Consejos de Pesca.
(desde 2012 “Grupo de Pesca Fluvial del Consejo Regional de Medio Ambiente”):
2-4-2019
(sesión extraordinaria para aprobar el protocolo que legalice las “Repoblaciones”)
28-9-2018
19-10-2017
3-11-2016
4-11-2015
15-4-2015
(el acta de esta sesión recoge las propuestas documentales presentadas en reiteradas ocasiones por los grupos ecologistas y asociaciones de pescadores conservacionistas, sobre medidas de recuperación de las poblaciones de trucha común autóctona, así como criterios para una ordenación sostenible de la pesca fluvial en la Comunidad de Madrid).
4-11-2014
22-10-2013
13-11-2012
14-12-2011
3-11-2010
4-11-2009
13-11-2008

Informes oficiales de temporadas de pesca en la Comunidad de Madrid. Presentados en los Consejos de Pesca de la Región
(evolución de permisos, licencias, jornadas de pesca, inventarios de población, propuestas de modificación de la orden de vedas, etc.):

Temporada 2019
Temporada 2018
Temporada 2017
Temporada 2016

Temporada 2015

Temporada 2014
Temporada 2013
Temporada 2012
Temporada 2011
Temporada 201
Notas para un plan de recuperación de la trucha autóctona en la Comunidad de Madrid. Año 2013. Elaboración colectiva.
Notas para un estudio técnico para la recuperación de tramos trucheros en la Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013. Elaboración colectiva.
Notas para un plan de gestión de la pesca de salmónidos en la Comunidad de Madrid. 2013. Elaboración colectiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016 sobre inclusión de la trucha arco iris como especie exótica e invasora
Publicación de la sentencia en el 
BOE del 17 de junio de 2016 (entrada en vigor de la sentencia 637/2016)

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

25 preguntas y respuestas sobre la declaración de especie invasora de la trucha arco iris
Informe AEMS-Ríos Vivos sobre truchas exóticas e invasoras (2018)

Informe AEMS-Ríos Vivos sobre consecuencias de repoblaciones con truchas comunes
La UICN considera a la trucha arco iris una de las 100 especies invasoras más dañinas

 Videos sobre sueltas de truchas exóticas en los ríos madrileños:
http://www.riosconvida.es/pdfs/informes/Informe_Truchasfueradelocomun_RiosconVida.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3m-hMzPEOiU

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