La Comunidad de Madrid incumple la legislación minera

La Consejería de Medio Ambiente tolera la presencia y actividad de graveras obsoletas, en suelos incompatibles con esta actividad, en parajes y riberas donde la minería está especialmente prohibida. La legislación del Parque Regional del Sureste establece que un 50 % del territorio pueda estar afectado por actividades mineras, especialmente graveras, quedando a salvo de esa actividad los parajes más relevantes y valiosos. (pulsar aquí para ver plano de suelos incompatibles)

A pesar de que la legislación de este espacio protegido establece que antes de febrero de 2004 deberá cesar toda actividad minera en esos suelos, incompatibles con esta actividad, continúan inalterables las actividades de numerosas explotaciones y plantas de tratamiento de áridos situadas, especialmente, a lo largo de las riberas del río Jarama. El resultado es la ocupación de las zonas inmediatas a los cauces, los vertidos de lodos, la destrucción del bosque de ribera. Daños que en el futuro se restaurarán con dinero público.

La Consejería de Medio Ambiente viene tolerando esta situación incumpliendo lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la ley 6/94.

Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/96, de 28 de junio, por la que se crea el Parque Regional del Sureste de Madrid: “El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales fijará las condiciones y plazos para aquellas explotaciones de áridos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se localicen en zonas identificadas como A,B,C y E. El fin de estas actividades en las zonas mencionadas se llevará a cabo en un plazo no superior a cinco años a partir de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales [aprobado en febrero de 1999].”

Ninguna de las actividades extractivas, o las plantas de tratamiento, afectadas, ha sido trasladada o clausurada, ignorando la Administración Regional las demandas que se le vienen haciendo para que los presupuestos regionales de los últimos años recogieran partidas de indemnización que facilitaran estos traslados. El Gobierno Regional ha elegido la degradación ambiental y la ilegalidad, privilegiando la continuidad de actividades obsoletas.

A esta situación se añade el caos que supone el retraso, también de cinco años, que acumula la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, tras el que se prevé la actualización de los Planes de Restauración de las viejas graveras. O la ausencia de reuniones de la Junta Rectora (no se reúne desde enero de 2003), que impide tratar de estos problemas.

Los colectivos de defensa ambiental que trabajamos en el ámbito de este espacio protegido consideramos intolerable esta situación y plenamente justificada la próxima convocatoria de movilizaciones sociales, a las que llamaremos a participar a ayuntamientos y colectivos vecinales.