La Administración Regional tendrá que publicitar la concesión de cotos de pesca

La mayoría de los tramos fluviales de la Comunidad de Madrid donde aun es posible pescar alguna trucha, aunque sea previamente soltada, se califican de cotos de pesca “consorciados”. Todos ellos son gestionados por entidades privadas de pescadores, a la que la administración ha cedido gran parte de sus competencias sobre el control, la vigilancia, suelta de truchas exóticas (arco iris), emisión y venta de permisos de pesca, etc. Este modelo de cotos intensivos de pesca (suelto-pagas-capturas), que es marginal en la mayoría de  las regiones de España, sigue siendo el centro de la gestión de pesca fluvial en la Comunidad de Madrid.

Tras varios años de quejas y gestiones, la oficina del Defensor del Pueblo ha conseguido que la Dirección General de Medio Ambiente aplique elementales medidas de publicidad y transparencia en los procesos de adjudicación de estos cotos de pesca. Lo que hasta ahora venía ocurriendo es que la fase previa de la adjudicación carecía de la publicidad necesaria para que otros posibles colectivos de pescadores pudieran presentarse a la adjudicación. Este procedimiento opaco es el que ha facilitado que en algunos casos la constitución de la asociación sea paralela a la creación del coto. Tan solo la adjudicación final era motivo de publicidad. Todo un despropósito que se suma al lamentable hecho de que todo este procedimiento administrativo (que ni siquiera se respeta en su integridad) se basa en la Ley de pesca de 1942. Por supuesto que la Consejería de Medio Ambiente trabaja denodadamente en la redacción de una nueva Ley ….al menos eso vienen afirmando desde hace no menos de diez años (ver actas de los Consejos de Pesca). Todo esto carece de sentido si no se comprende el principal objetivo que la Consejería de Medio Ambiente en la gestión de los ríos: crear redes clientelares y mantener la rutina administrativa. La conservación, la biodiversidad, la transparencia, o la pesca de calidad, son asuntos que al parecer no les atañe.

Además de los daños ambientales que provocan la liberación de miles de kilos de peces exóticos en tramos protegidos y bien conservados de nuestros ríos, la gestión privada de los cotos de pesca ha derivado en una red clientelar y en un sistema opaco de funcionamiento. Es la propia Administración quien fomenta este modelo de funcionamiento. Baste decir que conseguir información documental sobre los contenidos de los convenios  firmados por estas entidades privadas y la Consejería de Medio Ambiente (Área de Conservación de Flora y Fauna) constituye un reto a la paciencia y un ejemplo de como se  vulneran en esa administración los más elementales derechos de acceso a la información de documentos públicos. Las primeras solicitudes para conocer las cláusulas y obligaciones contenidas en los convenios se remontan a noviembre de 2013, y hasta la fecha seguimos sin disponer de esa documentación (o su consulta) a pesar de las reiteradas solicitudes, reclamaciones, denuncias y quejas. Por ahora ha sido la intervención de la oficina del Defensor del Pueblo la que ha conseguido algunos cambios, probablemente la aplicación de la nueva Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre), o la intervención de los tribunales, facilitara los siguientes. Y estamos seguros que la remodelación de algunas estructuras e inercias dentro de la Dirección General de Medio Ambiente ayudaría mucho a la puesta a punto que necesita esta anquilosada institución. Recuperar la conservación como prioridad en el funcionamiento de una Consejería de Medio Ambiente puede parecer una obviedad, pero en la Comunidad de Madrid constituye un objetivo casi revolucionario y subversivo.

Nos alegramos del paso dado por la oficina del Defensor del Pueblo y vigilaremos su cumplimiento, al igual que seguiremos insistiendo hasta conseguir que los convenios en vigor se publiciten en la web institucional o se nos facilite al acceso como a cualquier otro documento público.

Las sugerencias aceptadas por la Dirección General de Medio Ambiente (Área de Conservación de Flora y Fauna) consisten básicamente en dos aspectos:

  1. Garantizar la debida publicidad y transparencia en el procedimiento de adjudicación de los cotos de pesca desde su inicio hasta la resolución“.
  2. “Garantizar la seguridad jurídica respecto de los requisitos de los solicitantes y las obligaciones que, en su caso,asumen los adjudicatarios de los cotos, en especial en materia de expedición de permisos de pesca en condiciones equitativas para todos los pescadores”.

El lobby de la Caza (y de la pesca) en la Comunidad de Madrid

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