Grupos ecologistas exigen el fin de la minería ilegal en el Parque del Sureste

Siete instalaciones de explotación de áridos (graveras y plantas de tratamiento) se localizan a lo largo del río Jarama, en zonas donde está prohibida esta actividad según la Ley de creación del Parque Regional del Sureste. Las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Plataforma Salvemos el Henares exigen a la Consejería de Medio Ambiente medidas urgentes para el traslado de estas instalaciones que causan graves daños ambientales sobre espacios de alto valor ambiental.

La normativa del Parque Regional del Sureste establece que desde febrero de 2004 debería haber cesado la actividad de las explotaciones de áridos (graveras y plantas de tratamiento) en las zonas más sensibles el Parque Regional del Sureste. Sin embargo, a día de hoy, siete instalaciones siguen funcionando a lo largo de las riberas del río Jarama en zonas prohibidas. En concreto, las siguientes explotaciones: Peñalver en San Fernando de Henares (ocupa zona B de Reserva Natural), Tramsa en Arganda del Rey (zona B de Reserva Natural), Aripresa en Rivas-Vaciamadrid (Zona A de Reserva Integral), Maresa en San Martín de la Vega (zona B de Reserva Natural), Ampliación Aricusa (Zona B de Reserva Natural), Gravera del Jarama (Zona A de Reserva Integral) y Gravera de los Ángeles, las tres en Ciempozuelos (Zona B de Reserva Natural).

Desde hace dos años, las asociaciones ecologistas del ámbito del Parque Regional del Sureste han solicitado en varias ocasiones la retirada de estas explotaciones de las zonas incompatibles. A pesar de tratarse de una exigencia legal, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ni siquiera ha contestado a estas demandas. De esta forma, viene tolerando la actividad minera en las zonas más sensibles y de mayor valor natural del Parque Regional del Sureste. El resultado es la ocupación de las zonas inmediatas a los cauces, vertidos de lodos al río Jarama, destrucción del bosque de ribera y afección a la fauna y a parajes de alto valor ambiental, todo ello dentro de un espacio protegido.

A esta situación se añade el caos que supone el retraso (de nueve años) que acumula la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional, documento que debe regular los usos en el espacio protegido.

Las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Plataforma Salvemos el Henares instan a la Consejería de Medio Ambiente el cese de actividad de estas explotaciones y solicitan para ello que incluya en los presupuestos de la Comunidad de Madrid partidas para sufragar los gastos de eliminación o traslado de estas instalaciones. Estos colectivos prevén la realización de medidas judiciales contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente en caso de que no se dé una solución a esta escandalosa vulneración de la legislación ambiental.