El Tribunal Constitucional recupera el acceso de los agentes forestales a las fincas privadas

En julio de 2007 el gobierno de Esperanza Aguirre prohibió el acceso a los montes y fincas de titularidad privada sin autorización judicial o riesgo evidente de incendio. Esa aberración que impedía ejercer la vigilancia ambiental en numerosos cotos de caza y áreas forestales ha finalizado con una sentencia que el Tribunal Constitucional que viene a estimar el recurso que en su día interpuso el Gobierno de Rodriguez Zapatero.

La regulación restrictiva que introdujo el Gobierno de la Comunidad de Madrid vulneraba la normativa básica estatal que regula las facultades de la policía forestal. La ley regional limitaba en la Comunidad Madrileña “las facultades de entrada o acceso a los montes de los agentes forestales frente a las que reconoce la legislación estatal”. Esta dispone que pueden acceder libremente a los lugares que precisen “para el correcto desempeño de sus funciones”, con la única limitación del respeto a la inviolabilidad del domicilio.

La medida del Gobierno de Esperanza Aguirre no solo fue rechazada por grupos ecologistas y agentes forestales (que advertían de que su aplicación les impediría intervenir al detectar irregularidades en terrenos), también suponía un grave impedimento para las funciones de los agentes de prevención de incendios, que, por ejemplo, en caso de saber de una barbacoa encendida en un monte privado no podían actuar de forma inmediata.

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