El cierre de Pacadar fue legal

El Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Madrid ha dado la razón al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el litigio que mantiene con Pacadar, la empresa propietaria de la fábrica de vigas de hormigón de la Laguna del Campillo y ha confirmado la orden de cierre y precinto de la fábrica emitida por el Ayuntamiento en 2003. En este caso se trata del corazón del Parque regional, de una zona considerada de un alto valor medioambiental. El Ayuntamiento denegó la licencia de actividad a la fábrica Pacadar por que su funcionamiento es incompatible con la protección del Parque del Sureste y con el PGOU. La Justicia da la razón finalmente al Ayuntamiento de Rivas al ordenar el cierre de la fábrica de piezas de hormigón de la laguna del Campillo.

La factoría se encuentra en pleno Parque del Sureste, junto a la laguna del Campillo y muy cerca del Centro Educación Ambiental. En palabras del concejal de Política Territorial, Alfredo Pelegrín, la sentencia es una “buenísima noticia para el Parque, ya que se trata de una industria que causaba un gran impacto ambiental y visual en la zona”.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid había ordenado el cierre y el precinto de la fábrica en 2003, ya que se trata de una actividad incompatible con la legislación ambiental y con el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pacadar recurrió dicha orden de cierre. Ahora, los tribunales de justicia dan la razón a Rivas. “En cualquier caso”, ha insistido Pelegrín, “el paquete legal de gestión del Parque del Sureste no se ha completado aún ya que falta por desarrollar”.

No es la primera vez que Rivas paraliza una actividad incompatible con el Parque Regional del Sureste. Anteriormente ya lo hizo con una empresa que gestionaba una gravera en el Piúl. En esa ocasión, la Comunidad de Madrid le había dado el permiso para trabajar y el Ayuntamiento ripense paralizó su actividad por considerarla lesiva para el entorno en el que se desarrollaba. Hay que recordar que tanto en el caso de Pacadar, como en el que se ha citado, el Gobierno de Rivas tomó una decisión largamente demandada por el movimiento ecologista.