Consejo de Pesca de la Comunidad de Madrid 2013

Como las últimas convocatorias, se vuelve a citar a las 12:00 h. para la única sesión anual del órgano que asesora e informa sobre todo lo relacionado con la pesca en la Comunidad de Madrid. No hace tantos años las convocatorias eran a las 10:00 h., pero ahora parece que se trata de convertir estas reuniones en un mero trámite para legitimar la orden de vedas y poco más. Convocar a las 12:00 es de tal torpeza que la propia administración carece de tiempo suficiente para presentar sus informes y sus propuestas.

La convocatoria estuvo rodeada de una lamentable vulneración de las normas más elementales que regulan el funcionamiento de estos órganos colegiados. Intentamos acceder al contenido de los expedientes (un derecho recogido el art. 24.1a y e de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) con objeto de conocer lo que se iba a presentar en el informe anual (cuyo seguimiento en directo es prácticamente imposible), o los cambios que iban a proponer en la orden de vedas, o como se iba a aplicar el Decreto de exóticas, etc. Aunque la ley no lo exige, primero avisamos que nos personaríamos un día, nos respondieron que no había expedientes por que las propuestas y la información se haría de forma oral en la reunión. Nos personamos y efectivamente nadie sabía nada ni estaban presente ningún responsable de departamento, el Secretario del órgano nos confirmó que ignoraba donde estaban los expedientes. Volvimos a registrar nuevo escrito para nueva visita, advirtiendo que estaban incurriendo en ilegalidad flagrante por que la citada Ley 30/1992 establece claramente que la información podrá ser consultada desde la convocatoria de la sesión y al menos 48 horas antes, y la Administración es la responsable de facilitar la consulta . La respuesta que dieron fue que “nos atenderían” la víspera de la reunión, de 13 a 14 horas, cosa que finalmente hicieron, si bien no pudimos consultar el informe anual de actividad piscícola. Este comportamiento de los responsables de los departamentos de Conservación de la Consejería de Medio Ambiente constituye una anomalía en el conjunto de la Administración, y expresan un desprecio por derechos elementales que están recogidos en leyes de uso común.

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior:

2. “Informe y análisis, por parte del Área de Conservación de Flora y Fauna, de las actuaciones principales resultados de la temporada 2013 (pulsar aquí para acceder)”.

De la información ofrecida, destacamos dos aspectos importantes (siempre referidos al frágil recuerdo de lo captado en una vertiginosa sesión de diapositivas digitales):

1. La caída de permisos y jornadas de pesca respecto a la temporada anterior. Hasta alcanzar reducciones de más del 50%, como consecuencia de la ausencia de truchas arco iris en los cotos durante la temporada anterior.

2. Se da cuenta de las principales conclusiones del inventario de especies que se ha llevado a cabo en los tramos vedados de ciprínidos (ver anexo IX de la orden de vedas). Aunque las conclusiones de este inventario requieren de una consulta más detallada que lo destacado en unos minutos de exposición, si hay datos preocupantes: la cantidad de especies alóctonas que pueblan los cursos (que en algunos de ellos son las únicas presentes), la casi desaparición de la boga de río y la colmilleja de los ríos madrileños (zonas no trucheras), de las que quedan poblaciones en tramos del Guadarrama, Henares, y poco más. Esta preocupante información no dio lugar a ningún anuncio de medidas por parte de los responsables de la administración presentes, ni a ninguna intervención mostrando preocupación, al parecer lo que queda fuera de los cotos consorciados no es relevante. Intentaremos consultar estos trabajos, si lo conseguimos ofreceremos en estas páginas los datos que sean prudentes y que ilustren la situación.

Con posterioridad, en diciembre de 2013, dos meses más tarde y tras varios requerimientos a la Área de Conservación de Flora y Fauna se consiguió una copia del informe de temporada, que ofrece detalles sobre algunos aspectos de interés (inútil para conocer balances económicos, convenios con las entidades que consorcian cotos, sueltas de peces exóticos, etc.), en sus páginas finales se ofrecen algunos datos (muy incompletos) sobre los inventarios de ciprínidos.

3. “Información relativa a la aplicación del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras”:

Al comienzo de este punto el nuevo Director General de Medio Ambiente (DGMA), Ricardo Riquelme, tuvo que ausentarse por problemas de agenda (es una tradición que los DGMA se “ausenten” en la primera reunión del Consejo para no volver a ninguna otra de sus sesiones, esto de los ríos les debe aburrir).

Los representantes de la Administración se limitaron a presentar la evolución del RD de 2011 y las vicisitudes hasta la actual redacción (con los únicos cambios destinados a permitir la suelta y pesca de especies exóticas como la arco iris, o la explotación de industrial de otros exóticos animales que, como el visón, acaban finalmente presentes en nuestros campos y riberas). Nuestra opinión la manifestamos pidiendo que se transcribiera literalmente en el acta. Para ello se leyó el siguiente texto:

El Real Decreto que regula el catálogo de especies exóticas permite la pesca de la trucha arco iris. Lo que no hace el RD es obligar a las administraciones a liberar toneladas de estos peces de granja en las cabeceras de los ríos, lugares en donde sobreviven aún ejemplares de truchas comunes salvajes o donde podrían recuperar sus poblaciones. Por lo tanto la liberación de truchas de granja en los tramos mejor conservados de nuestros ríos es una opción libremente elegida por esta Administración.

Podrían haber elegido otras opciones, por ejemplo recuperar las poblaciones de truchas salvajes, previo estudio del estado en el que se encuentran sus hábitat y los factores que impiden su recuperación, podían haber elaborado un plan de recuperación de los ecosistemas fluviales mediante zonificación y la correspondiente ordenación de usos; podían, por ejemplo, haber promovido trabajos de mejora de frezaderos, de recuperación de líneas genéticas para conseguir peces bien adaptados a nuestros ríos, eliminación de especies exóticas, etc. Podían, en definitiva, haber atendido las recomendaciones de científicos, investigadores y organismos internacionales que llevan años aconsejando estas opciones. Podían haber elegido los criterios de conservación y recuperación del patrimonio público fluvial. Y todo esto podían haberlo hecho dando satisfacción también a la demanda de un sector de pescadores que reclaman la pesca de estas truchas de granja. Así se lo hemos hecho saber al anterior Director General de Medio Ambiente y al actual, hay numerosos escenarios, aislados, que no causan influencia sobre los ríos y sus especies salvajes donde crear escenarios para satisfacer este modelo de pesca. Existía la posibilidad de hacer compatible esta clase de pesca y la conservación que requieren los mejores escenarios de nuestros ríos. Ustedes han elegido despreciar las sugerencias que les hemos hecho conservacionistas y colectivos de pescadores.

Son ustedes quienes eligen, y han elegido dando la espalda a sus obligaciones como gestores de un patrimonio público cuya conservación los ciudadanos les hemos encomendado. Lástima que además lo hacen vulnerando convenios internacionales que ha firmado nuestro país (como el de Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 o el Convenio de Berna de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre en Europa), vulneran la Directiva Marco del Agua”, que exige a los Estados miembros la consecución de un buen estado ecológico en las aguas, siendo la biodiversidad uno de los indicadores utilizados para ello; vulneran el art. 22. B) de la Directiva de Hábitats 1992/43/CE; el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 3.2 y en conexión con su anexo II, obliga a evaluar preliminarmente el impacto de una determinada actuación que “…pueda afectar directamente o indirectamente a los espacios protegidos de la Red Natura 2000”; o el art. 52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece que (leo literal) “Las Administraciones públicas competentes prohibirán la introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos”. Por no hablar del artículo 333 del código penal.

No nos preocupa cómo acabará esta inercia de la administración que insiste en liberar año tras año toneladas de peces exóticos que compiten y desplazan a las especies autóctonas. No sabemos cuál será la causa final, quizás una sentencia de un tribunal superior, una radical intervención de organismos europeos, o la recuperación del sentido del ridículo en los foros internacionales. Pero lo cierto es que estas prácticas, en estos escenarios, tienen los días contados, de la misma manera que llevan tiempo en recesión en la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país, que hace tiempo que, con mejor o peor resultado, invierten en recuperación de ríos y peces, en lugar de gastar estos fondos en comprarlos en piscifactorías. Estamos seguros que esto acabará, lo que nos preocupa es lo que quedará para entonces, en los ríos y en sus tramos de cabecera, cuando acabe este absurdo de usar cauces como canales de piscifactorías. Ustedes han elegido, y no lo han hecho atendiendo al interés general.

Aunque no se informó expresamente de ello, la aplicación que pretende la Administración de este RD es la vuelta a los cisternazos de arco iris (sin renunciar a los de truchas comunes que ya se sueltan, incluso en tramos del alto Lozoya). Aunque nada de esto se explicaba, del debate si se dedujeron importantes novedades. La principal de ellas es que ahora corresponde a las entidades privadas de pescadores, que gestionan los cotos consorciados, hacerse cargo de los costes de las sueltas. Hasta ahora era la Dirección General de Medio Ambiente la que sacaba a oferta pública la contratación de estas compras y los gestores privados los que vendían y administraban los ingresos de los permisos (salvo el 20% de los mismos, que se reservaba la Administración). Es decir ahora los gestores privados pagarán los peces, y tendrán más autonomía para decidir sobre las sueltas. El control de la Administración se supone, aunque confirmarlo documentalmente ya es otra cosa. Pongamos un ejemplo sencillo: hasta ahora nos insistían sobre la naturaleza esteril de las truchas de granja que soltaban, pero alguna guía sanitaria que obra en nuestro poder no confirma este extremo. Ahora nos insisten que seguirán siendo rigurosos en este aspecto por que también lo exige el RD de exóticas. Cuestión de fe, por que cuando les pides estos documentos (por ejemplo para truchas comunes) te los niegan. Situaciones similares de opacidad se reproducen en el control económico, en los permisos reales expedidos (ya el año anterior hubo críticas en el Consejo por la falta de control en el número de permisos que expiden algunas entidades privadas que gestionan cotos de pesca), en las condiciones en las que se han firmado o renovado los consorcios, etc. En definitiva, la aplicación entusiasta de este RD por parte de la Comunidad de Madrid da algunos pasos más en la explotación intensiva de los ríos y en el descontrol que rodea el modelo de gestión privada.


Es relevante saber que es la Consejería de Medio Ambiente quien hasta ahora ha corrido con los gastos de las sueltas de las truchas (ver informe y pliegos de condiciones en la red), así ha sido hasta 2012. A los efectos de ingresos la administración se reservaba la venta del cupo del 20% de los permisos, el resto quedaba a disposición de las entidades privadas a quienes se había entregado la gestión de los tramos fluviales (cotos) para que administraran con total autonomía sus necesidades de gestión administrativa, guardería privada, etc. Aunque en esta sesión del Consejo se pasó de puntillas sobre el asunto, hemos sabido que en 2013, y quizás en los años sucesivos, los gastos por la compra de truchas de granja (313.000 euros en 2012) correrán a cargo de las entidades de pescadores, mientras que los ingresos se mantendrán sin cambios. A pesar de que en principio semejante escenario supondría un perjuicio radical en los balances económicos de estas entidades privadas, sin embargo en la sesión del 22 de octubre de 2013 no expresaron quejas o amenazas de abandono con la vehemencia de otras ocasiones.

Todos estos datos los hemos confirmado por diferentes fuentes no oficiales por que la administración se niega a facilitar copias de los convenios, balances económicos y acuerdos adoptados con las entidades privadas de pescadores.

Que cada cual saque sus conclusiones sobre esta paradoja, nosotros vamos a esperar a conseguir la documentación oficial solicitada sobre balances, convenios, etc.


4. “Propuestas para la Orden de establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola para la temporada 2014”.

Siguiendo el modelo de otros Consejos de pesca, la Administración se limita a ofrecer las propuestas que se le han hecho llegar. Es difícil creer que en estas sesiones no sepan aún cuales van a ser aceptadas. En cualquier caso nos parece (y así lo dijimos) que estas tormentas de sugerencias y ocurrencias deberían basarse en estudios previos sobre la capacidad de los ríos para soportar una u otra presión, el estado de las poblaciones, la vigilancia prevista…. Con este método de “pedir y se os concederá” los responsables de la Administración confirman la carencia de criterios y solvencia para aplicar una ordenación de la pesca compatible con criterios de conservación. De lo que “pedían” los diversos gestores de cotos privados, destacamos:

  • Declarar un día de captura en el coto de Angostura. Una barbaridad insistir en extraer truchas autóctonas de las poblaciones marginales que quedan.
  • “Se potenciará la implicación de sociedades locales en tramos experimentales y de pesca”. Como es difícil interpretar los designios que esconde la semántica y ante la falta de concreción de esta propuesta, aparentemente ambigua, les reiteramos la opinión que ya les hemos dado en otras ocasiones sobre los “cotos experimentales”, añadiendo en este caso el rechazo a que se conviertan en cotos consorciados encubiertos. Les recordamos que demasiadas veces los experimentales han sido una simple excusa para pescar S/M en tramos de trucha autóctona. La razón esgrimida por la Administración de que esta pesca aporta información para el seguimiento de poblaciones no es seria, el seguimiento de poblaciones no puede ser una encuesta a pescadores, hay metodología para hacerlo con rigor, empleando pesca eléctrica, profesionales y planificación, por ejemplo. En nuestra opinión los tramos de autóctona tienen que estar bajo medidas de protección siempre acompañadas de un plan de vigilancia para evitar que se conviertan en paraísos de furtivos. La pesca S/M no debería ser la primera opción entre las posibles, y, en cualquier caso, hay que conocer antes el estado del río y las poblaciones.
  • Veda de Manzanares, entre Santillana y El Pardo. Al parecer hay un problema sanitario.
  • Posibilidad de alternancia de tramos CYS Rascafría y Alameda.
  • Solicitudes de nuevos cotos consorciados en Alameda del Valle (tramo III), Paracuellos de Jarama (ciprínidos), Madarcos-Horcajo en el río Madarquillos. Tanto la gestión privada en Alameda como en el río Madarquillos nos parece un grave error por insistir en privatizar la gestión de nuevos tramos, en estos casos con presencia de truchas autóctonas.

Como siempre habrá que esperar a que se publique la orden de vedas para saber el resultado de esta especie de rifa de peticiones, en la sesión la Administración se limita a informar de las peticiones, ¡sin pronunciarse!.

La Orden de vedas fué finalmente publicada en el BOCM a finales del mes de febrero de 2014 (pulsar aquí para acceder a su contenido).

5. Ruegos y preguntas:

Presentamos y leímos las siguientes cuestiones:

1. Se ruega a la Consejería de Medio Ambiente que se hagan públicos en la web institucional, y se renueven, los siguientes datos de carácter público (y nos ahorre a todos tener que estar insistiendo por ellos y a la Administración el notable esfuerzo por negarlos):

  • Informe de actividad piscícola de cada temporada.
  • Informe anual de sanciones relacionadas con la actividad de pesca.
  • Resoluciones de concesión de los cotos consorciados en vigor, a las que hace referencia el artículo 19 de la ORDEN 502/2013, de 4 de marzo, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, previa disociación de los datos protegidos.
  • Informe anual de actuaciones de los diferentes cotos consorciados, previa disociación de los datos protegidos.
  • Balance económico anual de la gestión pública de la actividad piscícola y los programas de conservación fluvial.
    Datos anuales relativos a las sueltas de peces a los ríos, costes, etc.
  • Informes relacionados con la calidad de los ecosistemas fluviales y las especies de peces presentes, con las limitaciones y la prudencia que aconsejen los datos de detalle.
  • Actas de las sesiones de las Secciones de Caza y Pesca y sus grupos de trabajo.

Respuesta: ninguna.

2. Con independencia de lo anterior solicitamos información sobre las sueltas de peces que se han efectuado durante este año 2013 en los ríos de la Comunidad de Madrid, con indicación de las cantidades soltadas por especies, tramos fluviales donde se han llevado a cabo, espacios protegidos afectados y copias de las guías sanitarias. Respuesta: ninguna.

3. Le reiteramos que se nos entregue copia del informe de actividad piscícola, que se ha tratado en el punto segundo del orden del día, bien en soporte digital o en papel. Esta solicitud la venimos presentando en las sucesivas convocatorias de esta Sección, el anterior Consejo de Pesca, y en comunicaciones escritas, la última del pasado 8 de octubre. Respuesta: ninguna.

4. Solicitamos que se nos entregue copia del acta provisional del Consejo de Pesca fluvial de 3 de noviembre de 2010, el último que celebró este órgano, y cuyas funciones ha heredado este Grupo de trabajo. Este documento sobre las deliberaciones nunca se ha facilitado formalmente. Así mismo debería traerse para su aprobación definitiva. Respuesta: ninguna.

5. Pedimos a esta Consejería que convoque al Consejo Regional de Medio Ambiente, que no se reúne desde 2010, para que conozca y pueda intervenir sobre el borrador de la Ley de Patrimonio Natural de la Comunidad de Madrid que anunciaron en el acta de este Grupo de trabajo, en la sesión de hace un año. Respuesta: ninguna. Aunque en una respuesta a otro integrante del Consejo, el Subdirector de Conservación manifestó que la norma seguía estudiándose.

6. Solicitamos a esta Administración que ponga en marcha un plan de recuperación de los ríos y las especies salvajes, que desarrolle las propuestas que de manera reiterada los colectivos ecologistas y de pescadores conservacionistas hemos trasladado a los diferentes Directores Generales de Medio Ambiente. Estas propuestas están recogidas en tres bloques de trabajo: “Notas para un estudio técnico sobre tramos trucheros de la Comunidad de Madrid”, “Plan de recuperación de las poblaciones de salmónidos” y “Notas para la elaboración de un plan de gestión de la pesca de la trucha en la Comunidad de Madrid”. Documentos que queremos que se adjunten al acta de esta sesión. Respuesta: ninguna. Ni en esta sesión, ni en el envío que se le ha hecho al actual Director General de Medio Ambiente. Pedimos que estas propuestas figuren como anexos al acta para dejar constancia de que la Consejería de Medio Ambiente conoce perfectamente estas propuestas. Al recibir el borrador del acta un año después estos documentos (una decena de páginas) no figuraban en el acta, un ejemplo más de la arbitrariedad de esta administración.

7. Se recuerda a la Presidencia y a la Secretaría de este órgano colegiado la obligación que tienen de poner a disposición de sus integrantes los expedientes de los asuntos a tratar, con las propuestas que la presidencia del órgano lleva a su aprobación o informe, desde el momento de la convocatoria de la sesión. Esta es una obligación recogida en el artículo 24.1a de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Respuesta: que somos unos caprichosos, que les damos mucho trabajo, que no les agradecemos lo bien que nos atendieron el día anterior (nos citaron de 13 a 14 horas tras múltiples gestiones para que se nos permitiera ejercer el derecho a consultar la€ documentación de un órgano colegiado como es este Consejo)… sorprende la ignorancia que tienen estos departamentos, que tienen encomendada la conservación del medio natural, de las más elementales normas de funcionamiento de una administración.

También insistimos en una pregunta que ya habíamos planteado en otro momento de esta reunión: ¿Van a continuar las sueltas de peces de granja en tramos afectados por la ley de creación del Parque Nacional de Guadarrama?. Respuesta: “Se aplicará la ley”.

El apartado A2.1.6 del Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, referido a las medidas para preservar la fauna, establece en su apartado 2 que “Se preservará la diversidad genética de las especies, subespecies y variedades de fauna autóctona silvestre, concediendo prioridad a las especies y subespecies endémicas, así como a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada, y a las migratorias y a las que hayan motivado la declaración de espacios Red Natura 2000. Se evitará la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, en la medida que puedan competir con las autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos.” Es otra norma más que vulnera esta Administración. En el interior del Plan de Ordenación del Parque Nacional del Guadarrama se encuentra parcialmente el coto de Manzanares (ver mapa 50 del Decreto 96/2009).


 

LA ACTITUD DE LA ADMINISTRACIÓN

Acceder a la consulta de los expedientes (documentación) sobre los asuntos a tratar fue todo un reto, y eso que desde 2009 venimos advirtiendo sobre esta anomalía. Es una obligación legal que el Secretario de los órganos colegiados ponga a disposición de sus integrantes la información documental (expedientes) desde el momento de la convocatoria (art. 24 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). A pesar d elo cual advertimos previamente de que nos personaríamos para hacer esas consulta. La reacción de estos gestores del Área de Conservación fue la de considerarnos unos fisgones. Tras escritos e insistencias aceptaron “atendernos” y se celebró una reunión (que no era lo que pedíamos) para explicarnos los puntos del orden del día. Resulta lamentable el desconocimiento que tienen algunos departamentos de la Consejería de Medio Ambiente de lo que son los órganos colegiados y las leyes que los regulan. O quizás solo se trata de argucias de trileros para ocultar el conocimiento de asuntos que tienen carácter público, al menos para quienes tienen que decidir o conocer de ellos.

Los inventarios de ciprínidos en tramos vedados, y de salmónidos (ver sesión de 2012), son datos relevantes para conocer la salud de los ríos. Son también datos de carácter público y el acceso a los mismos es un derecho reconocido en leyes como la Ley 27/2006. A pesar de que insistentemente venimos solicitando el acceso a estos muestreos, por diversos medios y en distintas ocasiones, meses después seguimos esperando una sencilla respuesta sobre el día, hora y lugar para poder consultar estos datos, de los que se han dado cuenta en esta sesión del Consejo de Pesca. Para más información sobre estas solicitudes de datos pulsar aquí.

Con posterioridad se ha recibido el Informe de Pesca 2013, que ofrece un resumen muy limitado e incompleto de estos muestreos en sus páginas finales.

El conocimiento de los convenios que regulan las obligaciones de las entidades privadas de pescadores que gestionan cotos de pesca, debe ser un secreto de estado. Acceder al contenido de estos documentos es todo un reto a la paciencia y un ejemplo más de como la administración se cisca en las leyes y normas que regulan los derechos de los ciudadanos. Estos gestores consideran que entre sus funciones está el de “proteger” esta clase de documentos de las miradas indiscretas. Por supuesto que saben que son datos de carácter público (con la excepción de aquellos protegidos, que son marginales). Lo cierto es que tras varias solicitudes por diversos medios (en este Consejo, por ejemplo) seguimos esperando a conocer lo que esta administración ha firmado con las entidades privadas. No busquen en la red, no encontrarán nada, ni los convenios, ni convocatoria pública, ni pliegos, ni acuerdos para adjudicar cotos… Todo muy “transparente”.


 

QUIENES TOMABAN LAS DECISIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN

En el momento de celebrarse esta sesión, estos eran los responsables, en orden jerárquico, de la conservación de los ríos de la Comunidad de Madrid:

  • Borja Sarasola Jáudenes. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
  • Ricardo Riquelme Sánchez. Director General de Medio Ambiente.
  • Felipe Ruza Rodríguez. Subdirector General de Conservación del Medio Natural.
  • José Lara Zabía. Jefe del Área de Conservación, Flora y Fauna.

 

Más información sobre la sesión:

Enlace con el acta
Orden de vedas vigente, temporada 2013
Orden de vedas siguiente, temporada 2014

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