Colmatar con escombros una laguna protegida se convierte en un suculento negocio

A cambio de una sanción de 500.000 pesetas la empresa constructora “Sánchez Primo”, de Arganda del Rey, se ahorra 22 millones en eliminación de residuos. Durante el verano de 1999, decenas de camiones de la empresa constructora “Sánchez Primo” cubrieron totalmente el vaso de la laguna de Trabit, en Velilla de San Antonio, con escombros procedentes de las obras que esta empresa lleva a cabo en arganda del Rey.

A pesar de las diversas denuncias presentadas ante la Consejería de Medio Ambiente (1) solicitando su intervención urgente, para paralizar los vertidos que se venían produciendo desde junio de ese año, la Administración Regional se inhibió de intervenir directamente, permitiendo que decenas de camiones diarios llegaran a tapar totalmente el humedal y los taludes perimetrales. Otra denuncia similar presentada el 19 de agosto, ante el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, tuvo una respuesta similar.

La laguna constituía un humedal de moderadas dimensiones con un importante desarrollo de vegetación de ribera (principalmente carrizo) que daba cobijo a diversas especies de acuáticas, anfibios, reptiles y peces. La laguna estaba protegida y calificada en la Ley 6/94, del Parque Regional del Sureste, como Zona C “Área Degradada a Regenerar”, en la que está expresamente prohibido cualquier tipo de vertido y cualquier intervención sobre la lámina de agua.

Durante los seis meses que duraron los vertidos se depositaron al menos 180.000 m3 de escombros, cuya eliminación en vertedero controlado le hubiera supuesto a la empresa un desembolso de 22 millones de pesetas (2). A cambio de este importante beneficio añadido para la constructora “Sánchez Primo”, la Consejería de Medio Ambiente ha impuesto recientemente a la empresa una sanción de 500.000 pesetas (quinientas mil pesetas) por vertidos no autorizados.

Como en tantas agresiones similares, este caso pone de manifiesto la impunidad y rentabilidad que rodean a las numerosas agresiones que se producen a diario en este espacio –supuestamente- protegido. La propia sanción impuesta es un caso excepcional si se tiene en cuenta que permanecen sin respuesta, desde 1994, cerca de 30 denuncias presentadas por nuestro colectivo. Por supuesto en todos los casos se permitieron las actuaciones ilegales sin ninguna actuación ejecutiva que las obstaculizara.

La Administración Regional, y la Confederación Hidrográfica, se han convertido en uno de los mayores obstáculos para garantizar a preservación de los ecosistemas ligados al río Jarama. La recuperación ambiental que se prevé en la Ley del Parque del Sureste, aprobada en 1994, de llevarse a cabo alguna vez se hará a costa de grandes inversiones públicas sobre el patrimonio natural que hoy destruye impunemente algunas actividades privadas.

Esta irresponsable actitud de la Administración justifica plenamente la movilización ciudadana prevista para el próximo domingo 8 de octubre.

(1) La Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” presentó dos denuncias con fechas 20/7/99 y 10/9/99.

(2) Cada m3 de escombro trasladado a vertedero controlado tiene un costo unitario de 125 pts (tarifa del vertedero de la carretera de Valencia).

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Laguna de Trabit S.A., antes y después de los vertidos