La degradación de la ciudad

Que estos crecimientos tienen sustanciosos beneficios para las arcas municipales está fuera de duda, aunque más difícil es asegurar que no representan una hipoteca para la gestión de la ciudad en el futuro, ya que se necesitarán recursos crecientemente proporcionales a la nueva ciudad. Es decir, a mayor población, mayores necesidades de infraestructuras urbanas y de servicios locales. Pero las prioridades de nuestros gestores no se centran en la planificación de la ciudad a medio plazo sino más bien en el lucimiento del breve mandato de alcaldes y concejales. Los que vengan detrás ya se buscarán la vida acudiendo a nuevos y espectaculares planes de urbanismo si la demanda especulativa del mercado lo permite.

Lo que si parece claro es que crecimiento urbano no es sinónimo de calidad de vida para los habitantes de una localidad de tipo medio, p.e.. Mientras se «multiplican» los barrios aparecen problemas que afectan de manera muy directa a los vecinos: el ambulatorio se queda pequeño, los colegios tienen que instalar los prefabricados, las carreteras se atascan de vehículos, aparecen fenómenos de desarraigo local y de delincuencia propias de ciudades dormitorio, el transporte colectivo se queda raquítico, hay que ampliar la depuradora, etc. Por supuesto, todo ello se soportará con fondos públicos. Siempre suelen ser problemas que son «competencia» de otras administraciones. Eso es al menos lo que le dirán los mismos regidores que decidieron unilateralmente duplicar o triplicar de una tacada el tamaño de su localidad.

Este crecimiento, disperso e incontrolado, tiene también influencia sobre la vida local y las relaciones sociales. El modelo de ciudad mediterránea compacta está evolucionando hacia el modelo anglosajón, en la que los ciudadanos ganan en individualidad y pierden en sociabilidad. Son ciudades con casas grandes, muy extendidas, pero sin gente ni comercios en las calles. El centro de reunión es el centro comercial y el desplazamiento fundamental se realiza en coche.

Ni siquiera las molestias del cercano aeropuerto de Barajas han sido un obstáculo para que los mismos ayuntamientos que protestan públicamente por los ruidos hayan aprobado  incrementar su población, para el 2010, en 630.594 habitantes (2), incumpliendo con ello  las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental de Barajas, respecto a disminuir la población afectada por impactos acústicos derivados de esta infraestructura.

Pero todas estas actuaciones y crecimientos cuentan con el apoyo de la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente, dedicada a diseñar las nuevas circunvalaciones que marquen la frontera del siguiente crecimiento (ya se están aprobando tramos de la M-60 y el trazado de la M-70), o infraestructuras que favorezcan ciertos crecimientos urbanísticos (M-501, Xanadú, Parque de la Warner en San Martín de la Vega, etc.). Esta Administración, encargada de autorizar los Planes de Urbanismo de los municipios, ha autorizado, en la anterior legislatura, la calificación de más suelo para urbanizar que todo el que se ha construido en los últimos treinta años. Según datos de Ecologistas en Acción (3).  

El medio ambiente

En España, entre 1990 y 2000, se ha urbanizado tanta superficie como la provincia de Guipúzcoa (4). En el mismo período se perdieron 239.248 hectáreas de zonas forestales.

En Madrid este fenómeno es especialmente dramático por la enorme ocupación de suelo y sus impactos directos e indirectos sobre espacios protegidos como el del Guadarrama o el del Sureste.

El uso masivo y creciente del coche privado provoca más carreteras, más contaminación, más accidentes, más atascos, más tiempo perdido en los desplazamientos... La mayoría de los madrileños se desplaza diariamente de la periferia a Madrid, invierte en ir y venir al trabajo del orden del 20% del tiempo que permanece despierto (1).

El consumo de petróleo se disparará y encarecerá aun más, en una Región donde las alarmas por fenómenos de ozono estratosférico (muy perjudicial para las vías respiratorias) se ha convertido en algo habitual.

La actividad constructiva y, en el futuro, la ocupación de esas viviendas requiere del consumo de ingentes cantidades de recursos y energía. La producción de áridos es una de las principales causas de la degradación del Parque Regional del Sureste y el tramo medio del Jarama.

Regar los jardines de las viviendas unifamiliares durante los meses de verano supone un consumo medio de diez veces más que un piso. Por no hablar de los numerosos campos de golf que se prevén para aumentar los precios de nuevas urbanizaciones, y que se añadirían a la treintena ya existentes. De seguir este crecimiento en los próximos años, es probable un colapso hídrico al llegar a superar las demandas de agua los recursos disponibles en  Madrid (unos mil hectómetros cúbicos anuales). El abastecimiento podría convertirse en un grave problema, por las dificultades (y los daños ambientales que ocasionaría) para traer agua de otras cuencas, o por la reedición de los episodios de desecación de cauces de ríos como ya ocurrió en la pasada década.

La situación en el Parque Regional del Sureste es realmente preocupante. Además de la fragmentación que soporta por las infraestructuras de transporte, parte de su periferia lleva camino de colapsarse de viviendas en zonas tan sensibles como Rivas Vaciamadrid, donde el suelo a planificar ya se ha agotado y se prevén tensiones en el futuro para desproteger suelo, con cuyos ingresos puedan lucirse los nuevos gestores. Rivas Vaciamadrid tiene además el lamentable privilegio de haberse convertido en un auténtico parque temático del consumo, algo que además se quiere vender cómo la ciudad modélica de la izquierda.  

Respuesta social

Hace tiempo que desde algunos sectores de la sociedad se plantean propuestas dirigidas a modificar el precio del suelo (sacar al mercado la vivienda desocupada, creación de patrimonio inmobiliario municipal, adquisición de suelo urbanizable previamente desclasificado), reforma de los ingresos municipales (aumento de las transferencias del Estado, establecimiento de límites a los ingresos por desarrollos urbanísticos, reforma de la fiscalidad sobre viviendas vacías), además de medidas extraordinarias para conectar zonas aun no alteradas con corredores naturales no urbanizables, etc.

Ni Ayuntamientos, ni Comunidad de Madrid, ni los diferentes partidos políticos, parecen dispuestos a racionalizar el modelo de crecimiento urbanístico. Ante esta situación de indefensión institucional y política, la respuesta ciudadana se está organizando en la Región a partir de una treintena de colectivos sociales y grupos de defensa ambiental, solicitando planes urbanísticos respetuosos con el entorno natural. La Coordinadora "CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA" que ha empezado a dar sus primeros pasos pretende denunciar ante la opinión pública la insostenibilidad del modelo urbanístico actual, llevar ante los tribunales los casos de ilegalidad y denunciar ante la Unión Europea todos aquellos casos de incumplimiento de las directivas europeas de protección de la naturaleza. Precisamente ahora que está elaborando una modificación de la Ley del Suelo, el Gobierno Regional debe saber que hay una opinión pública organizada, dispuesta a exigir una normativa al servicio de los ciudadanos y no de la especulación.  

(1) Censo de Población y Viviendas 2001.

(2) “Afecciones a la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas”. Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

(3) “Incidencia de la actividad urbanística en la CM”. Octubre, 2003.

(4) 170.384 hectáreas. Fuente: Proyecto Corine Land Cover.