MANIFIESTO
POR UN USO RACIONAL DEL AGUA
(Declaración
conjunta de organizaciones sociales de ámbito estatal)
El
Plan Hidrológico Nacional presentado por el Gobierno supone la continuidad de
una política hidráulica basada en un crecimiento continuo de la oferta, sólo
viable si el agua fuera un recurso prácticamente ilimitado. Su principal
objetivo sigue siendo la construcción de embalses, encauzamientos y trasvases,
haciendo cada vez más insostenible el uso de un recurso crecientemente escaso.
Su enorme coste social, económico y medioambiental beneficiará sobre todo a
las empresas constructoras, las compañías eléctricas y los grandes
propietarios agrícolas. La falta de consideración del dominio público hidráulico
y la posible privatización tendrán consecuencias inaceptables en la gestión
de un bien de primera necesidad.
Creemos
injustificado el trasvase por el que ha optado el Gobierno desde el Bajo Ebro a
las cuencas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur, y nos oponemos a él por
considerar que:
-
Ampliará las diferencias económicas y sociales entre las zonas del interior y
la costa mediterránea, hipotecando el desarrollo de las primeras y consolidando
una ordenación del territorio cada vez más desequilibrada e insostenible.
-
La progresiva reducción de los caudales medios en el Bajo Ebro, proceso que se
agravará rápidamente como consecuencia del cambio climático, hace imposible
garantizar la transferencia anual de 1.000 hm3. En áreas con una severa escasez
de recursos hídricos se va a fomentar una demanda que no podrá satisfacerse,
creando así graves problemas sociales a medio y largo plazo.
-
Profundizará el proceso de deterioro que vienen sufriendo el Delta del Ebro y
áreas costeras, haciendo irreversible la degradación de numerosos ecosistemas
acuáticos y afectando a algunas especies y espacios naturales en teoría
protegidos.
-
El texto del proyecto recoge la renuncia del gobierno, en contra de lo señalado
en nuestra legislación y en la Directiva Marco europea, a recuperar la
totalidad de la inversión pública realizada en el trasvase. A su vez, todo
indica que el coste real del m3 de agua trasvasada superará ampliamente las 52
ptas. presupuestadas, haciendo inviable económicamente el proyecto en los parámetros que el mismo
fija.
Reivindicamos
un PHN que modernice la política hidrológica, reorientándola con criterios de
sostenibilidad y realizando una planificación que gestione la demanda y
distribuya de manera sostenible el agua disponible. Una política que planifique
el uso de los recursos de las cuencas en base al conocimiento de los consumos
reales de cada actividad y gestione
de manera conjunta los recursos superficiales y subterráneos.
El
centro de un uso racional del agua debe situarse en el ahorro, apostando por
incrementar sustancialmente la eficiencia, reduciendo las pérdidas en las redes
de distribución, impulsando el empleo de técnicas de riego más eficientes, la
depuración y reutilización de aguas, etc. Dada la baja eficacia actual en la
utilización del agua, este conjunto de medidas liberaría un volumen que hace
innecesarias la práctica totalidad
de las obras contempladas en el PHN.
Por
todo ello creemos necesario modificar en profundidad el proyecto del Plan Hidrológico
Nacional presentado en el Consejo Nacional del Agua, lo que hace imprescindible
un debate con presencia de todos los sectores afectados, en el marco de un
proceso de democratización real de los órganos de participación relacionados
con la planificación y gestión hidrológica.
Organizaciones
sociales de ámbito estatal firmantes, a 11 de enero de 2001:
CAVE
(Confederación de Asociaciones de Vecinos de España), CC OO (Comisiones
Obreras), CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), UGT (Unión General
de Trabajadores), Plataforma Rural, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF/Adena.