La mayor parte de los más de 7 millones de metros cúbicos de tierras sobrantes de las obras del cierre norte de la M-50 ( la M-61) serán vertidas en el Parque del Sureste. Este espacio se ha convertido en la mayor escombrera regional. Al proceder de suelos con características muy diferentes, se verán alteradas las condiciones físico-químicas del subsuelo de la zona. Entre los destinos barajados por la Comunidad de Madrid se encuentran varias explotaciones con un largo historial de denuncias e infracciones a la normativa ambiental.

Unos 7.700.000 metros cúbicos de tierras serán necesarios eliminar como sobrantes de las obras de construcción de los túneles de la M-61 (cierre de la M-50 por el monte de El Pardo). A falta de lugares idóneos en la zona norte de la Región, la Comunidad de Madrid baraja 42 puntos de vertido, la mayor parte ubicados en el sur y el sureste, pese a las largas distancias que tendrán que recorrer diariamente decenas de camiones. Localidades como Getafe, San Fernando, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Campo Real, Arganda, Velilla, Valdilecha, Orusco, Perales de Tajuña..., serán algunos de los términos municipales elegidos para acoger las tierras que supuestamente servirán para restaurar zonas degradadas.

Detrás del eufemismo de zonas degradadas a restaurar no se esconde otra cosa que convertir en escombreras los huecos dejados por la actividad minera (graveras y canteras). Una restauración en condiciones debería tener en cuenta las condiciones físico-químicas de las tierras a utilizar. Las tierras de la zona de El Pardo, graníticas, tienen unas características totalmente diferentes e incompatibles a las de los suelos del sur y del sureste: zonas de vegas de los ríos y suelos calizos. Estas supuestas restauraciones alterarán de forma significativa las condiciones de los suelos.

De las 42 zonas de vertido, 17 se ubican en el interior del Parque Regional del Sureste. Este Parque se convierte una vez más en territorio especializado en albergar los restos, los vertidos, los escombros, las basuras, los humos... de toda la región. No es de recibo que la Comunidad de Madrid pretenda utilizar la comarca del sureste como el espacio especializado para albergar los sobrantes de la actividad humana en la Región y, mucho menos, que se pretenda utilizar como escombrera un espacio natural al servicio del negocio de la construcción.

En un desprecio absoluto a la normativa ambiental de la Comunidad, el Estudio de Impacto Ambiental de la M-61 en ningún momento tiene presente las condiciones de vertido y restauración establecidas en la Ley del Parque (Ley 6/94) o en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Sencillamente el Parque del Sureste no existe para los gobernantes regionales.

Los Cantillos, gravera situada entre Arganda y Velilla de San Antonio, es el lugar que prevé acoger una mayor cantidad de tierras. Esta gravera dice contar con una capacidad para 4 millones de metros cúbicos. No obstante, tiene condicionantes de la Junta Rectora del Parque por los que no pueden ser vertidos materiales procedentes de tuneladoras.

Significativo de la escasa sensibilidad ambiental del Gobierno de Esperanza Aguirre, es que, entre las 17 explotaciones ubicadas en el Parque del Sureste, algunas mantienen parte de su actividad en una situación de irregularidad respecto a los condicionantes sobre uso del suelo establecidos en la Ley 6/94 y el PORN. Otras, además, tienen un largo historial cargado de incumplimientos sistemáticos de la normativa ambiental del Parque. Resulta inconcebible que la Comunidad de Madrid pretenda que empresas que se han caracterizado por una total desconsideración de las normativas y decisiones ambientales, se les conceda la posibilidad de gestionar un vertido de tanto volumen y tan problemático. Así, entre el listado de las 17 explotaciones en el Parque del Sureste aparecen:

El Bombo y la Alameda. Ciempozuelos. Plan de Restauración de 2 años y dicen que tienen capacidad suficiente (sin dar más datos). La gravera posee Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. Pero un proyecto de ampliación de El Bombo se le dio una DIA desfavorable de 3/6/96, aunque la empresa extrajo material en esa finca

Los Tranzones. Ciempozuelos. Plan de Restauración a 8 meses de completar. Empresa con una ristra de irregularidades: sancionada en 2005 con 2,5 millones de euros por daños en el patrimonio arqueológico y natural. Una de sus ampliaciones estuvo extrayendo sin DIA aprobada; incumple la legislación del Parque en cuanto a invasión de la zona B, estacionamiento de camiones en zona B y franja de protección de 50 metros.

PRERESA. Getafe. 1 millón de m3. Gravera con múltiples denuncias en el pasado: vertidos de basuras y lodos, relleno de lagunas naturalizadas, incumplimiento de autorización de la Junta Rectora...

Maresa (San Martín de la Vega). Ocupa suelos en zona B y no respeta franja de protección respecto a la ribera del Jarama

Menorca. Explotación ya restaurada y sin informe de la Junta Rectora en 2005. Se desconoce si contó con DIA.

Valdocarros (Tramsa) Arganda. Ocupa suelos en zona B y no respeta franja de protección respecto a la ribera del río.

Al margen de estos casos, la utilización del Sureste como zona de vertido preferente es incompatible con los objetivos de conservación establecidos en la Ley 6/94. Llevar la mayor parte de los 7 millones de m3 a la comarca puede representar un golpe definitivo a las posibilidades de recuperación del Parque. En cualquier caso, teniendo en cuenta que está pendiente de publicarse próximamente el Plan Rector de Uso y Gestión de la zona (con 9 años de retraso), sería lógico que no se autorizara ningún vertido extraordinario a ninguna gravera o hueco de excavación más.
 

El llamado "plan de restauración minera" de La Aldehuela (Perales del Río) es el ejemplo de lo que se le viene encima al Parque Regional del Sureste. Esta antigua gravera, lejos de utilizarse "tierras limpias" como se hizo creer,  fue rellenada con toda clase escombros, lodos de desatranco, de depuradora, muebles viejos, etc. Tal fue la variedad y cantidad de "tierras limpias" que generó la visita constante de recuperadores de chatarra. Parece mentira que un espacio protegido pueda tener esta consideración para una administración pública.