(Octubre, 2004)

Los diversos grupos ecologistas que organizaron la jornada festiva, del pasado 17 de octubre, en defensa del Parque Regional del Sureste, anunciaron la intención de interponer un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Medio Ambiente. El objetivo de este recurso es obligar a esta administración a cumplir con su obligación de cerrar o trasladar las graveras situadas en zonas donde esta actividad está prohibida por  la Ley del Parque Regional del Sureste.

Los grupos ecologistas Amigos de la Tierra, Asociación Ecologista “El Soto”, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Ecologistas en Acción, Jarama Vivo y SEO/Birdlife, anunciaron que ya han iniciado los trámites para interponer un recurso contencioso administrativo contra la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La razón de este recurso es el incumplimiento del cierre o traslado de todas aquellas graveras y plantas de transformación que se sitúan en las zonas A, B, C y E del Parque Regional del Sureste.

Según la Ley de creación del Parque Regional, la actividad minera en algunas zonas del Parque Regional es incompatible con la conservación de este espacio protegido, por ello daba un plazo máximo, que se cumplió el pasado mes de febrero, para retirar las explotaciones de las zonas más sensibles. A pesar de que la Ley se aprobó en 1994, en estos diez años la Consejería de Medio Ambiente no ha elaborado ningún plan para el traslado o cierre de las explotaciones más obsoletas e impactante. Los grupos ecologistas exigen la retirada de las explotaciones mineras de la ribera del río Jarama y su restauración, tal y como está previsto en la legislación regional..

Los grupos ecologistas consideran lamentable que tengan que ser ellos los que recurran contra la Consejería de Medio Ambiente, Administración con la que intentan colaborar en la conservación de este espacio protegido. Sin embargo, la paralización de todos los órganos consultivos desde que se creó el nuevo Gobierno regional (Consejo de Medio Ambiente, Patronatos y Juntas Rectoras de los diversos espacios protegidos) y la dificultad para obtener información  obliga a los ecologistas a recurrir a los tribunales. La Junta Rectora del Parque del Sureste no se reúne desde enero de 2003, a pesar de que su Reglamento establece al menos dos reuniones anuales.

La tolerancia de la Administración Regional hacia las antiguas graveras, que ocupan en muchos casos suelos incompatibles con esta actividad, es el origen de graves daños ambientales y de una injustificada e irresponsable actitud de la Administración. En la fotografía, depósitos de áridos en la ribera del Henares, suelos donde está prohibida esta actividad.