(Febrero, 2009)

A los pocos días se hace público que un juez admite a trámite una querella contra el Alcalde de Getafe por posibles delitos de prevaricación y cohecho en la permuta de nterrenos del campo de golf. En la querella se pone de manifiesto las ventajas para los propietarios de suelo, algunos de ellos relacionados con el Partido Socialista.

El 12 de febrero de 2009 la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste ha informado favorablemente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y su anexo el Plan de Ordenación Cinegético. Este acto es posterior a la aprobación oficial que ya había hecho el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 5 de febrero de 2009. El PRUG tenía que haber entrado en vigor hace más de nueve años y debería haber servido para relanzar medidas de conservación y de regulación de los usos permitidos en el Parque Regional del Sureste. El documento que se ha dado a informar a la Junta Rectora supone un serio retroceso para la conservación de este espacio protegido.

Lo primero que llama la atención es que los cambios más importantes que se han introducido en este reglamento, respecto al documento inicial que se presentó en el 2005, favorecen de una manera descarada los intereses del sector de la construcción, la especulación urbanística y los abusos en sectores de la caza y la minería de áridos. La "adaptación" de este reglamento a las "necesiddades" de estos sectores económicos llega al extremo de autorizar campos de golf (antes prohibidos) mencionando superficies, localizaciones y otros detalles, que encajan como un guante en las características del proyecto de campo de golf que el Ayuntamiento de Getafe ppromueve para la zona de Perales del Rio (para más información sobre este proyecto, y sus enjuagues urbanísticos, pulsar aquí).

Una ilegalidad: usos deportivos en zonas donde la Ley del Parque no lo permite

El PRUG que ha aprobado el Gobierno Regional pretende que las zonas E (en la Ley 6/94, del Parque del Sureste, el territorio se divide en "zonas" con diversos niveles de protección y restricciones) se puedan construir instalaciones deportivas, pretendiendo ignorar que la Ley 6/94, de rango superior, solo permite aprovechamientos forestales, recreativos, educacionales, de ocio, ambientales, y en ningún caso de carácter intensivo. Pretendiendo facilitar la construcción del campo de golf de Getafe han creado un coladero por donde se autorizarán polideportivos y toda clase de infraestructuras "deportivas".

Las graveras: una oportunidad perdida para poner orden y reparar los daños.

La Consejería de Medio Ambiente de Madrid viene desde hace tiempo especializando este territorio como la zona de acogida de los desechos de la construcción regional. Los antiguos huecos dejados por las graveras son utilizados como escombreras (diecinueve aprobadas en la sesión anterior de la Junta Rectora), encubiertas bajo supuestos proyectos de "restauración ambiental". Hasta ahora se ponian ciertas condiciones, entre ellas la prohibición de usar lodos de depuradora, materiales ajenos al valle del Jarama, que compactan los suelos e impiden el flujo de las aguas subterráneas. En el nuevo PRUG no solo se permitirá su uso también el de tierras contaminadas.

El borrador del PRUG contenía una apuesta por incorporar al sector de la minería de áridos a los esfuerzos de restauración de suelos, en una zona donde tanto daño han ocasionado. Se trataba de los "convenios" de restauración que se incorporarían a las nuevas concesiones mineras, con ello las empresas estarían obligadas a restaurar riebras de los ríos, humedales y otras áreas, aunque no tuvieran nada que ver con los suelos directamente afectados por el proyecto minero. Han pasado nueve años desde que se redactaron aquellas buenas intenciones. En la actualidad se consideran prácticamente agotadas las reservas de áridos en el valle del Jarama. Las últimas graveras, de pequeña extensión se concentran en la zona de Ciempozuelos-San Martín de la Vega. Se ha convertido en humo lo que pudo haber sido una justa compensación.

La caza: lejos de amortiguarse los abusos, aumentan

El 80% del territorio está ocupado por cotos de caza, se caza ("legalmente") en cantiles, en humedales, a escasos metros de las riberas. Esta situación de abuso y de riesgos para la conservación de la vida silvestre, es también un peligro para la seguridad de paseantes en una zona tan densamente poblada como es el Sureste de la Región.

La caza es una actividad tradicionalmente "clandestina" para la Junta Rectora. El órgano de gestión y asesoramiento del espacio protegido nunca ha informado la renovación de los acotados de caza, a pesar de haberse solicitado reiteradas veces. La única vez que se trae a Junta Rectora algún asunto relacionado con la actividad cinegética ha sido en el PRUG, con un anexo (el llamado "Plan de Ordenación Cinegética") que pretende que la caza sea una actividad normal en las denominadas Zonas C "Degradadas a Regenerar", a pesar de que la Ley 6/94 prohibe expresamente la caza en esos suelos. La razón que utilizan los redactores del PRUG es la marcada "vocación cinegética" de estos suelos (literal). Una auténtica desfachatez.

En definitiva, el Gobierno Regional de Madrid ha perdido una oportunidad de avanzar en el proyecto ambiental que dió sus primeros pasos en 1994, y, lejos de contribuir a consolidar un segundo pulmón verde regional, conservando valores naturales y oportunidades para las vecinos, ha decidido poner el espacio protegido al servicio de actividades incompatibles con la conservación, olvidando que la conservación de este Parque Regional es su primera obligación como Administración.

A los pocos días de que la Junta Rectora del parque aprobara el PRUG y el campo de golf (con el acuerdo de los representantes de los ayuntamientos gobernados por el PSOE y PP) se hace público que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Getafe ha aceptado a trámite una querella contra el Alcalde de esta localidad, Pedro Castro, y otros tres cargos municipales de PSOE e IU. El origen de la querella es la permuta de 607.828 metros cuadrados de terrenos dentro del Parque Regional del Sureste destinados al campo de golf, por 26.000 metros edificables destinados a vivienda libre y ya fuera del espacio protegido. Los beneficios de esta operación, para los propietarios de estos suelos, se estiman en unos 40 millones de euros. La querella se presenta contra el alcalde de Getafe, Pedro Castro; el concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy; el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ex concejal de Hacienda en Getafe, David Lucas; el ex concejal de Urbanismo, Santos Vázquez, y contra las empresas Mouro SA, Joma Sport, Soto e Hijos y Proyectos Astron, por un presunto delito de “prevaricación, cohecho y falsedad en documento público”, según citaba El Mundo en su edición del día 17 de febrero  de 2009. La operación estaba paralizada desde el año 2004. Por entonces la construcción de campos de golf era una actividad ajena a los usos permitidos dentro del Parque Regional del Sureste, incluso el borrador del PRUG sometido a información pública en 2005 recogía expresamente la "prohibición" de este tipo de instalaciones. Con la llegada del nuevo equipo de la Consejera de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño Ortega, el Gobierno que dirige Esperanza Aguirre decidió facilitar las cosas a los promotores, y aceptó las demandas que le hacía el Ayuntamiento de Getafe. Así en el texto definitivo del PRUG, se aceptan los campos de golf por que suponen una aportación a los objetivos de conservación del espacio protegido. El acuerdo sobre el campo de golf fue aprobado, en la sesión de la Junta Rectora del Parque del 12-2-2009, por la práctica unanimidad de los Ayuntamientos de los grandes partidos, que suelen apoyarse en la aprobación de los planes y proyectos que hacen referencia a crecimientos urbanísticos (véase acuerdos de la Junta Rectora pulsando aquí). Con esta falta de escrúpulos se daba vía libre a un inmenso pelotazo urbanístico que podría afectar a la elevación artificial de los precios de las 15.000 futuras viviendas previstas en el PGOU de Getafe, para el área de Perales del Rio. Más allá de estos lamentables ejemplos de ética y estética practicados por la clase política, convertidos en instrumentos de mafias económicas, la operación del campo de golf de Perales del Rio pone en evidencia la falta de consideración que tiene el medio ambiente para quienes tienen en sus manos la administración de los espacios protegidos de la Región de Madrid. No es de extrañar que con estos personajes y criterios esté en peligro no solo la escasa vida silvestre que aun sobrevive en el Sureste, también la calidad de vida de los municipios y los vecinos de la zona. Para más información sobre el campo de golf pulsar aquí. Para más información sobre el "enjuague" urbanístico pulsar aquí Para más información sobre la querella contra el Alcalde de Getafe pulsar aquí
A los pocos días de
LOS PROTAGONISTAS DEL PRUG
Ana Isabel Mariño Ortega, Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid. Princiapl responsable de la aprobación del PRUG. Aunque sus muchas ocupaciones en el ámbito del urbanismo no le ayuden a conocer el Parque. Probablemente seguirá los pasos de su antecesora, dedicada a los asuntos del "ladrillo" en el poco tiempo que pasó por la Consejería, en tránsito hacia destinos menos "espesos".	Federico Ramos de Armas. Es el Director General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y responsable directo de los contenidos y orientación de la normativa del Parque Regional del Sureste. Entre ellos la aceptación de campos de golf donde antes estaban prohibidos. Un cambio que sin duda llenó de gozo a especuladores sin escrúpulos.	Pedro Castro, Alcalde de Getafe, principal impulsor del campo de golf de Perales del Río y de uno de los cambios más radicales del texto original del PRUG. Ha sido el instrumento de los propietarios y promotores urbanísticos de la zona de Perales del Rio. Muy lamentable el papel de este Ayuntamiento y su Alcalde, que debería acabar dando explicaciones ante algún juzgado..

Última hora: un juzgado admite una querella por prevaricación y cohecho contra varios altos cargos del Ayuntamiento de Getafe por la permuta de terrenos del campo de golf.

Pulsar aquí para conocer a los principales protagonistas del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

Pulsar aquí para saber quienes querían campos de golf en el interior del Parque Regional del Sureste

Acceso al contenido del PRUG aprobado por el Consejo de Gobierno a espaldas de la Junta Rectora del Parque del Sureste

INTERVENCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ECOLOGISTA EN LA JUNTA RECTORA DEL 12-2-2009

Desde la creación del Parque, en 1994, y la antigua Agencia de Medio Ambiente, hemos visto pasar por esta Consejería y por la Junta Rectora del Parque del Sureste a Consejeros y Consejeras, Directores y Subdirectores, en gran número. Con todos hemos tenido diferencias, con algunos hemos llegado incluso a entendernos puntualmente. Y cuando ya nos creíamos curados de espantos llegan ustedes para demostrarnos que aun podemos alcanzar límites insospechados en la depredación institucional del medio ambiente. Hace nueve años que debían haber traido a aprobar el PRUG. Ese retraso no ha tenido nada de inocente, ha sido una moratoria en beneficio de muchas actividades económicas que vienen degradando el entorno natural, pero al parecer con mucha influencia sobre la Administración Regional. El PRUG que han aprobado en Consejo de Gobierno no ha sido informado por esta Junta Rectora. La Junta Rectora de 16 de mayo de 2005 informó de un PRUG que poco tiene que ver, en contenidos muy relevantes y en sus consecuencias, con el que ahora se trae a esta Junta Rectora, seis días después de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. El PRUG que ahora entra en vigor es un claro retroceso en relación con el borrador que informó esta Junta Rectora en 2005. Estos son solo algunos ejemplos: 1. Ustedes saben que el PRUG informado en su momento por esta Junta Rectora prohibía expresamente la construcción de campos de golf. Incluso en el 2001 la Junta Rectora rechazó una modesta Escuela de Golf que proponía el Ayuntamiento de Pinto. Con estos antecedentes y pocos escrúpulos le han hecho un traje normativo a la medida, al Ayuntamiento de Getafe y a los promotores urbanísticos de Perales del Rio. Suponemos que el "cambio de cromos" con D. Pedro Castro les habrá merecido la pena. Desde el punto de vista normativo han conseguido crear un agujero negro por el que se colarán más campos de golf, polideportivos, estadios... usos intensivos que son ajenos a los objetivos y a la normativa del Parque. Consumos de agua, contaminación, fechorías urbanísticas en la trastienda... que más dá, el cambio seguro que habrá merecido la pena, ustedes sin duda lo saben mejor que nosotros. En cualquier caso todo esto es ajeno al Parque y a las obligaciones de conservación que ustedes tienen. 2. En el ámbito de la minería tampoco han disimulado mucho. Por un lado se les quedaba pequeña la especialización de escombrera regional que le habían asignado al Parque. Ahora, además, ya se pueden hacer los rellenos de las viejas graveras con lodos de tuneladora, antes prohibidos, incluso con tierras contaminadas. Los constructores madrileños les harán la ola en la primera ocasión que tengan, se lo han ganado a pulso. Lástima que la conservación del Parque se resentirá, los suelos originales del valle del Jarama se cambiarán por materiales bien distintos, se alterará el flujo de las aguas subterráneas... en fin, pequeñeces sin duda. Dicen ustedes que van a conseguir que las empresas del sector se comprometan con la restauración de suelos alterados mediante convenios de compensación incorporados a las nuevas concesiones mineras. Ustedes saben que el almacén de áridos del Jarama está agotado, las últimas graveras se concentran en San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Permítame que les diga que lo que pudo ser una elemental y justa medida de compensación hace nueve años, ahora es un simple fraude a la opinión pública. Lamentablemente las huellas de la actividad minera serán visibles durante mucho tiempo y, en el mejor de los casos, se recuperarán con fondos públicos. Por cierto, se inventan ustedes nuevos plazos para la clausura de graveras en suelos incompatibles, pretendiendo ignorar que la Ley 6/94 en su Disposición Adicional Cuarta ya deja claro que estas instalaciones deberían haberse clausurado hace cinco años. 3. Que decir de la caza, que regulan a través del Plan de Ordenación Cinegética. Al igual que en la minería, rechazamos el abuso, en este caso de una actividad que se practica en el 80% de un territorio protegido y densamente poblado. Aquí también han llegado lejos en su atrevimiento. Con la desfachatez de que son suelos con "vocación cinegética" pretenden legalizar la caza en las Zonas C "Degradadas a Regenerar" donde la Ley 6/94, en su artículo 29.2.b) y el PORN, en el apartado 12.3.2.e, la prohiben expresamente. Otro sector que le recibirá en olor de multitudes a la primera ocasión. Lástima que autorizando acotados de caza que afectan a zonas de cantiles, humedales y riberas, están poniendo en peligro la vida silvestre que deberían proteger y la seguridad de muchos ciudadanos. Sólo un último ejemplo. En el PRUG no se establece ninguna medida de control o regulación especial para el empleo de fitosanitarios, que envenena a los agricultores, a las aguas y a los suelos. El PRUG tampoco será un instrumento eficaz para impedir el riego con aguas fecales de la vega del Jarama, que todos los años se repite, a partir de las aguas altamente contaminadas de la Real Acequia del Jarama. Igualmente, aparecen apartados redactados de tal forma que reducen el grado de protección establecido por diferentes normativas. Es evidente cual ha sido ese 25% de alegaciones que dicen haber recogido en el nuevo documento. Este PRUG más bien parece un texto redactado por el sector del urbanismo, de la construcción, de la caza y de la extracción de áridos que por técnicos con vocación de conservar un espacio natural. El PRUG es un reglamento ilegal e ilegítimo. Y como tal será recurrido ante los tribunales y las instancias europeas que tienen la tutela sobre la ZEPA "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Henares" y el LIC"Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste", que tambien son el Parque Regional del Sureste. Es ilegal por que invade competencias de la Ley 6/94, al definir usos nuevos de los suelos, que nada tienen que ver sobre las "normas de utilización", para usos ya definidos, que le reserva al PRUG el artículo 16 de la Ley 6/94. El apartado 3.10 del PRUG, que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pretende ampliar los usos previstos para las Zonas E2 y E3, "Zonas con Destino Agrario Forestal, Recreativo, Educacional y/o equipamientos Ambientales y/o usos especiales", añadiendo uno inédito como es el "deportivo" que en ningún momento figura como previsto en el artículo 31 de la Ley 6/94, ni en el apartado 12.5.3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). La construcción de campos de golf, de polideportivos o instalaciones similares, de uso tan intensivo como reflejan las infraestructuras y aparcamientos previstos en el campo de golf de Getafe, que se trae a aprobar en el siguiente punto del orden del día, tampoco responden a ninguno de los objetivos que se reservan para estos suelos en el apartado 12.5.1, de "objetivos prioritarios" del mismo PORN. No son los abusos en las graveras el principal problema del Parque, ni los cazadores, ni los vertidos, ni ningún episodio similar, la principal amenaza del Parque es este Gobierno Regional dispuesto a demoler todo el esfuerzo de conservación y de control que tanto trabajo había costado poner en marcha. Ustedes y los intereses a los que sirven en cada decisión que toman son el auténtico peligro para el Sureste Madrileño. Por último, solicitamos formalmente que en este acto se informe sobre el documento actual del PRUG, sensiblemente modificado respecto al presentado a esta Junta Rectora el 16 de mayo de 2005, conforme está previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 22 de la Ley 6/94, de 28 de junio. Solicitamos igualmente que la votación sobre este reglamento sea nominal y que conste en acta la identificación del voto de cada componente, como corresponde a decisiones adoptadas en órgano colegiado, como es el caso de esta Junta Rectora.