Las Administraciones Públicas

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Puede parecer excesivo que consideremos a las administraciones, especialmente a algunas, como amenazas para la conservación del territorio. Nosotros también lo habríamos pensado hace años. La experiencia de tantos casos y tantas responsabilidades constatadas, hace tiempo que nos confirmó que muchas de esas agresiones no serían posibles sin la colaboración activa, o la inhibición consciente, de las administraciones. Para muchas de ellas el medio natural y las obligaciones de conservación son simplemente un incordio que hay que sortear para dar satisfacción a los promotores de este modelo de crecimiento que requiere sacrificar los recursos naturales, y al que parecen “enganchados” tantos gestores públicos. Las Administraciones se han comportado, demasiadas veces, como colaboradores necesarios de esos abusos, justo lo contrario de las competencias y obligaciones que les encomiendan supuestamente las leyes.

En el caso del Parque Regional del Sureste (PRS), desde su creación en 1994 el papel de las administraciones públicas ha sido de una creciente inutilidad cuando no un obstáculo para el desarrollo de los objetivos de conservación que se recogen en la Ley 6/94 de creación del Parque del Sureste y de otros recursos y espacios naturales de la Comunidad de Madrid. Aunque de diferentes formas, y con cambios a lo largo del tiempo, las diversas administraciones no han sabido entender que el PRS era una fuente de oportunidades y no un “problema” o un “obstáculo” para los objetivos urbanísticos (Ayuntamientos) o de “puesta en valor del medio” (explotación intensiva) como suelen interpretar cualquier paisaje desde algunos departamentos de la Consejería de Medio Ambiente. La red de humedales, los ríos y la biodiversidad que encierran son valores que esta clase de gestores son incapaces de entender.

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Las nuevas ubanizaciones de adosados asoman por los cantiles de Rivas. La presencia masiva de visitantes en los cortados ha sido un fenómeno creciente que se ve favorecido por la urbanización de áreas residenciales a escasa distancia de uno de los ecosistemas más valiosos del Parque. Como consecuencia de este modelo de crecimiento, ajeno a objetivos de conservación, se han malogrado gran parte de las especies que anidaban en estos cantiles, entre ellas la rapaz más protegida, el halcón peregrino. En la fotografía: vista desde el valle del Jarama de la nueva zona residencial en la zona del Cristo de Rivas, año 2000.

Las administraciones, y muy especialmente la Consejería de Medio Ambiente encargada de la gestión del PRS, han acabado por convertirse en una de las principales amenazas para la supervivencia de los valores ambientales. No se trata sólo de la reducción de recursos destinados a conservación (antes incluso de esta etapa de recortes), de la indiferencia o la ignorancia de los gestores hacia lo que representa la biodiversidad o los valores de un espacio protegido. Hay una clara actitud de rechazo hacia todo aquello que suponga un freno al modelo de desarrollo que nos ha traído tanta ruina y desesperación social. La protección del entorno natural, de los suelos, es uno de esos obstáculos a los ojos de estos “modernos” gestores. Si los suelos del PRS no han sido arrasados por la especulación urbanística no ha sido por respeto hacia el medio ambiente o por escrúpulos ambientales, se lo ha impedido la estricta limitación que la ley del Parque establecía. Un “obstáculo” que ya han empezado a poner en cuestión públicamente, como es el caso del diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Luis del Olmo, que ya ha expresado en nombre de su partido el “arrepentimiento” por haber protegido en su día el sureste madrileño (en 2013, en la Asamblea de Madrid), o como algunos ayuntamientos han decidido agotar a marchas forzadas el suelo urbanizable (caso de Rivas Vaciamadrid) creando las condiciones para que futuros gobiernos locales exijan su “derecho” a seguir creciendo, ahora a costa de desproteger suelo del PRS.

Lógicamente ha habido gestores e instituciones que han tenido un papel digno, que han creído en el proyecto ambiental del Parque, que se implicaron, ayuntamientos que llevan a cabo programas de divulgación y de educación ambiental, o que han llevado a los tribunales proyectos insostenibles de minería de áridos (caso del Ayuntamiento de Rivas y el proyecto minero de El Piúl), o algún consejero que tuvo el “atrevimiento” de liberar agua al río Jarama desde embalses de cabecera, como El Vado, para confirmar que el agua se estaba acaparando innecesariamente, o alcaldes que han colaborado estrechamente con los colectivos sociales, etc. Pero lamentablemente los cambios que observamos en los últimos años apuntan a una pérdida creciente en la calidad de los equipos de gestión cuando no en un interés desmesurado por los negocios más insostenibles, o una ignorancia obscena hacia la existencia del PRS, los ríos o el valor añadido que representa todo esto para las localidades ribereñas.

En estas páginas hay decenas de ejemplos de como el comportamiento de estas administraciones raya lo delictivo o lo irresponsable. En el PRS, y en el conjunto de la Comunidad de Madrid, hace tiempo que lo más revolucionario consiste en garantizar el cumplimiento de la ley, y en que los gestores cumplan con la obligación de priorizar el interés general. Todo el incremento de medidas normativas dirigidas a la conservación, directivas, leyes, decretos, etc. se convierten en papel mojado si los responsables de su aplicación y cumplimiento carecen de la más elemental voluntad. De esta paradoja la víctima principal es nuestro entorno y sus oportunidades. Los principales beneficiados algunas actividades bien conocidas.


La Consejería de Medio Ambiente

En el caso de nuestra Comarca del Sureste, la Consejería de Medio Ambiente es un grave inconveniente para el desarrollo del proyecto ambiental que representa la Ley del PRS. Los equipos de gestión más recientes de la Consejería de Medio Ambiente carecen de perspectiva para percibir la utilidad y el valor de la biodiversidad. Ni siquiera son capaces de comprender el papel que en 1994 se reservaba a este espacio (previa recuperación y ordenación de usos) como reserva biológica a las puertas de la capital y como espacio de oportunidades para aminorar la presión que soporta la sierra madrileña. Para estos gestores los espacios protegidos son una molestia y un freno para su modelo de crecimiento (su monotema obsesivo). Sólo así se entiende como se ha llegado a poner en marcha un Plan Rector de Uso y Gestión hecho a la medida de las necesidades de un pelotazo urbanístico en la zona de Perales del Río, o cómo una decena de empresas de áridos siguen actuando años después de cumplirse el plazo establecido en la Ley del Parque para que se trasladaran de sus emplazamientos en las riberas, o como se ignoran clamorosamente las denuncias que se presentan por agresiones ambientales (inhibiéndose incluso de cualquier intervención en el medio acuático, como si no fuera con sus obligaciones y competencias), o como permiten que durante décadas se consolide incluso una laguna de aceite tóxico, o que mantenga un servicio ridículo de agentes forestales para la vigilancia de 30.000 has., o que se facilite la actividad de caza en suelos donde la ley del Parque lo prohíbe expresamente (zonas C), o como se permite que en determinados cotos se cacen hasta cuatro veces más ejemplares que los permitidos en los Planes de Aprovechamiento Cinegético que autorizan… la lista sería interminable.

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La tolerancia de las administraciones con las ilegalidades en el sector de la minería de áridos ha sido escandalosa durante años. Ayuntamientos que han colaborado con la minería pirata, la Consejería de Medio Ambiente mirando hacia otro lado con los vertidos de lodos y las actividades en suelos incompatibles con esta actividad, etc. La minería insostenible e ilegal no hubiera sido posible sin esta colaboración. En la fotografía: vertido de lodos al río Jarama, en fines de semana, desde la gravera Peñalver (Puente de San Fernando) justificados por la Dirección General de Evaluación Ambiental como “accidentes geológicos”.

Muchos de estos fenómenos suponen un clamoroso incumplimiento de las leyes que siempre tiene como beneficiarios a ciertas empresas y a determinadas actividades. Ha sido descarado como se han utilizado los suelos del PRS para ponerlos al servicio de la especulación urbanística: utilizando los huecos de graveras para aceptar materiales que no estaban previstos en la normativa original (lodos de tuneladora, por ejemplo), o como se hacía la vista gorda con las actividades mineras, o se retrasaba incomprensiblemente durante años y años la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión para no poner nuevos obstáculos a la actividad minera intensiva. El incumplimiento directo de las leyes ha sido a veces grosero por parte de la Consejería de Medio Ambiente. El último ejemplo es el caso del humedal de Las Islillas, desecado tras las obras de “rehabilitación” del recinto, obras que, como tantas otras, que lleva a cabo la Consejería se ejecutan sin la preceptiva evacuación ambiental previa.

En este escenario no tiene nada de extraño que el desarrollo legislativo del PRS (la aprobación de los “reglamentos”) hayan dado lugar a escandalosos incumplimientos de los plazos previstos en la Ley 6/94. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se aprobó con un retraso de cuatro años. El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) entró en vigor casi diez años después de la fecha prevista en la Ley (hoy está anulado por sentencia judicial). Para justificar estos y otros atropellos los representantes de la Consejería suelen recurrir al argumento de que “tenemos que armonizar todos los intereses”. Una evidente falsedad. Ya le hubiera gustado al medio natural que hubieran tenido en cuenta su conservación, o que simplemente hubieran respetado sus propias leyes, las mismas que anuncian exhibiendo un falso perfil de gestores sensibles con el medio ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente es la principal responsable de lo que sucede en el medio natural. Tiene todas las competencias, la obligación y toda la información (incluso la que les suministramos día a día desde los colectivos y otras instituciones). Lleva años permitiendo por omisión, y a veces por acción directa que la degradación alcance niveles a veces irreversibles (véase el ejemplo de la suelta de toneladas de peces exóticos que anualmente lleva a cabo en los tramos fluviales mejor conservados). En el caso del PRS es evidente a estas alturas que la Comunidad de Madrid no apuesta por la recuperación de nuestra Comarca, que continua observando nuestros municipios y nuestros espacios como el receptáculo de las instalaciones de alto riesgo sanitario o ambiental que nunca pondrían en las cercanías de las urbanizaciones donde residen estos gestores y los que les han precedido.

Una administración opaca

La opacidad informativa se ha convertido en los últimos años en una seña de identidad de la Consejería de Medio Ambiente. Conseguir datos de la administración ambiental es un reto a la paciencia. Para los gestores de departamentos como el Área de Conservación de Flora y Fauna, la existencia de leyes que obligan a facilitar datos de carácter público (la ley 27/2006 o la 30/42) son sólo obstáculos a sortear para conseguir evitar que ciudadanos o asociaciones curioseen en documentos oficiales. No importa que lo que se solicite sea una simple fotocopia, el acceso a la consulta o la solicitud de un sencillo archivo telemático, en los últimos años la respuesta en algunos departamentos se repite: no podemos atender su solicitud por ser una información “manifiestamente irrazonable”. Un eufemismo-parapeto de los que ahora se utilizan para burlar derechos fundamentales como el acceso a la información de carácter público. Para estos gestores los datos oficiales son un secreto y ellos los celosos guardianes. Y se comprende. Demasiadas veces los datos oficiales ofrecen las mejores evidencias del lamentable papel de estos administradores, y de como la conservación o el interés general de los ciudadanos han sido sustituidos por la explotación salvaje de los recursos, el negocio insostenible, o la creación de redes clientelares a costa de la vida silvestre. Conseguir el acceso a estos datos, en el ámbito de la caza, la pesca, disciplina ambiental, o la evaluación de proyectos, se ha convertido en un objetivo irrenunciable. Tenemos derecho a saber como evoluciona la calidad de nuestro entorno o como se lleva a cabo la gestión ambiental. No se puede aceptar una arbitrariedad semejante.

Departamentos como el Área de Conservación de Flora y Fauna recurren a argumentos destinados a cansar al demandante de datos, a veces con burdos engaños, respondiendo con datos ya facilitados, o que no se pueden entregar por que contienen datos protegidos (aunque sean marginales o no formen parte de los solicitados), o entregando información ajena a la solicitada (un procedimiento habitual para confundir a la Defensoría del Pueblo). Es un comportamiento de trileros. El catálogo de argumentos que utilizan es abrumador, y sorprende la cantidad de trabajo que a veces se toman para negar a los ciudadanos este derecho. La última excusa que han empleado es que la información que solicitamos podría paralizar la actividad administrativa, una burda exageración y falsedad.

Pero nada más sencillo para resolver estas supuestas dificultades de la administración, y aplacar el estrés que les inducen las peticiones de información de los ciudadanos que aplicar un elemental criterio de “publicidad activa”, como es el de colocar en la web institucional aquellos datos cuya consulta se solicitan con periodicidad. En este sentido diversos colectivos conservacionistas nos hemos dirigido a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente para pedirle que el portal madrid.org albergue información pública relevante sobre el funcionamiento de cotos de caza y pesca, informes de calidad de los ecosistemas, sanciones, etc. (pulsar aquí para acceder a esta demanda), es decir información relevante que nunca es posible encontrar en otras fuentes. Hasta la fecha esta petición ha merecido el interés habitual. Hay que tener en cuenta que este cerrojazo informativo se produce poco después de la desaparición de la mayoría de los órganos de participación. La “ley mordaza” fue el primer paso para evitar testigos incómodos de la gestión (y sus víctimas y beneficiarios) que llevaban a cabo estos gestores en la Comunidad de Madrid.

La opacidad informativa, y el ocultamiento de datos, que viene practicando la administración ambiental, especialmente el Área de Conservación de Flora y Fauna, ha dado lugar a numerosas quejas ante la Defensoría del Pueblo para poder conseguir la información que se nos niega. Esa institución ha criticado en numerosas ocasiones la falta de transparencia y la negativa de la administración a facilitar la información, en el anexo 3 del informe del año 2012-primer semestre 2013 se ofrecen algunos ejemplos. Un resumen muy esclarecedor de lo sucedido en ese período lo ofrece la siguiente tabla. Desde entonces el bloqueo informativo es total.

Desde estas páginas vamos a hacer un seguimiento de las demandas de información, o de acceso a datos, que hayamos tramitado en el ejercicio de los derechos que nos confiere la legislación. Y ofreceremos aquí el resultado de la actitud de la Consejería como un indicador de la calidad y la transparencia en la gestión. Para acceder a esta página de control pulsar aquí.

Una administración inútil para el control del medio

Otro “agujero negro” de la gestión ambiental lo constituye la actividad de disciplina ambiental que lleva a cabo la Dirección General de Evaluación Ambiental, fundamentalmente por el deficiente servicio de inspección y también por las graves carencias en la información que facilita. Los voluntarios de nuestro colectivo y de otros que trabajamos en el ámbito del PRS o del Jarama venimos denunciando ante esta administración las agresiones ambientales que observamos. Es una actividad de colaboración con la administración y sus funciones. Un resumen de esta actividad se encuentra en el centenar de denuncias presentadas desde 1994. La mayoría de estas denuncias han tenido como destinatario a la Consejería de Medio Ambiente, una sencilla comprobación de las gestiones llevaría a la conclusión de que sólo un pequeño número de ellas han sido atendidas, es decir que se ha intervenido (y a tiempo sobre el hecho). Aún más escandaloso es el número de casos que han dado lugar a la simple apertura de un expediente sancionador, que a veces ha concluido sin ningún resultado o “perdido por los cajones” (como ponen de manifiesto los propios AAFF). Sin embargo es abrumador el número de las denuncias sobre las que ni hemos tenido constancia de que haya tenido presencia el servicio de disciplina ambiental, ni hemos tenido respuesta alguna (a pesar de ser parte personada en casi todos los casos). La conclusión más evidente es que agredir un espacio protegido queda impune incluso aunque sea conocido por la administración. Quizás el caso más representativo sea el de la laguna de aceite de Arganda, denunciada reiteradas veces, y otras tantas ignorada por la Consejería, cuando en 2009 le prestan atención es para comprar el “problema” con dinero público (50.000 euros) y exonerar de la obligación de limpiar a la propiedad (en 2013 han anunciado que se gastarán unos 14 millones de euros de dinero público en limpiarla).

Las denuncias por agresiones ambientales de las que somos testigos son casi siempre hechos relevantes que se acompañan de fotografías, croquis, etc.. Pasado el tiempo reclamamos información sobre las medidas adoptadas. No haría falta, ya que la administración debería facilitarla a la entidad personada en un expediente a través de la denuncia, pero aun así lo hacemos. La respuesta creciente en los últimos años es el silencio (véase el anexo 5 del informe de hechos similares de 2012-primer semestre 2013 o de todo el período 1994-2013 en el informe de denuncias). Experiencias parecidas experimentan los agentes forestales que han denunciado en reiteradas ocasiones el “aparcamiento” de denuncias o la nula consecuencia que tienen muchos expedientes por la desidia de los responsables de tramitar los expedientes. El caso de la caza o la pesca son un auténtico escándalo de tolerancia y complicidad de las administraciones que tienen encomendado el control de estas actividades. Con este escenario de impunidad no es de extrañar la reiteración de actos y agresiones contra el medio ambiente.

La opinión del Defensor del Pueblo

La actitud de rechazo, u obstrucción, por parte de la administración ambiental de la Comunidad de Madrid (especialmente de la DGMA) a las demandas de información, o la remisión de información parcial o ajena a los solicitado, ha provocado que nuestra Asociación tenga que recurrir en no pocas ocasiones a la oficina del Defensor del Pueblo (DdelP) en demanda de amparo. Gracias a estas gestiones se han conseguido muchos de los datos solicitados, si bien es verdad que con meses o años de retraso y tras el empleo de no pocos recursos administrativos, consumidos en negar una información que finalmente han facilitado. Es el caso, por ejemplo, del Expediente 08023573 (se solicitaba información sobre planes de restauración en actividades mineras, en enero de 2010), finalmente se consiguió la información tres años después a través de la oficina del DP, tras dos requerimientos de esta Institución. En el caso del expediente 1000793 (se pedían datos sobre superficie en explotación minera, en mayo de 2009) se consiguió la información dos años después a través de la oficina del DdelP.

La obstrucción y opacidad que practican algunos departamentos de la Consejería de Medio Ambiente ha sido en muchas ocasiones valorado por el DP. Los que siguen son tan sólo algunos ejemplos del reconocimiento a la opacidad que la oficina del DdelP hace constar en sus expedientes en relación con las demandas de amparo que hemos tenido que tramitar (los subrayados son nuestros):

“La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, competente en relación con la queja por usted planteada ante esta Institución con número de referencia ….., persiste en su actitud de no enviar la información pedida.
Esta Institución se ha visto obligada a recordar una vez más a la citada Consejería su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación que nos planteaba en su queja”. Expedientes 12003879, 10000793.

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Es importante precisar que a esos efectos no basta con que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid comunique al Defensor del Pueblo el contenido de la información pedida por una persona física o jurídica al amparo de la Ley 38/1995 (ahora Ley 27/2006), si en paralelo no lo comunica también a los interesados”. Expediente DP Q0427543. El DP le pide a la Administración que la información que finalmente le remite debería haberla hecho llegar a los solicitantes. De esta forma las tres partes nos habríamos ahorrado tiempo y esfuerzos administrativos.

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“…y si la información precisa ha de obtenerse no del exterior sino de otro órgano de la misma administración entonces estamos ante un desconocimiento inexcusable, eventualmente incurso en responsabilidad de las autoridades y funcionarios de la Consejería. A juicio de esta Defensoría, un Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no puede –con prácticamente tres meses de demora (23 de junio a 24 de septiembre de 2012)- despachar una solicitud de información… simplemente poniendo los hechos en manos de otro Departamento”. Finalmente la Defensoría anuncia que ante los graves incumplimientos de la Consejería de Medio Ambiente anuncia que “Se informará a las Cortes Generales” de estos hechos. Expediente 08023573.

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Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid desafortunadamente persiste en su actitud de no enviar la información pedida”. Expediente 08023573.

La Consejería de Medio Ambiente no ha atendido en muchos casos los requerimientos de información que le hacía la oficina del DdelP. En numerosos expedientes constan reiteradas reclamaciones que la oficina del DP hace a la Consejería (“…ante la tardanza en recibir el informe solicitado de la administración competente, con esta misma fecha se ha solicitado que sea remitido urgentemente”. No siempre se han atendido estas insistencias por parte de la oficina del DP. Por ejemplo en expedientes 09009870, 10003130.

El caso de la información relativa al estado de legalidad de las explotaciones de áridos es el mejor ejemplo de como la Administración desafía incluso a este organismo negándole la información. Tras seis años de requerimientos para conocer el estado de las explotaciones mineras en el Parque Regional del Sureste (expediente 08023573), la oficina del DdelP llega a comunicar que “En suma, transcurridos seis años desde el inicio de las presentes actuaciones, (DG Medio Ambiente, DG Evaluación Ambiental, DG Minas) no puede deducirse cual es en la actualidad la situación ambiental del Parque Regional del Sureste. Pero si puede concluirse que hay falta de diligencia… en ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico les otorga para lograr la gestión sostenible de las actividades extractivas… También se aprecia falta de voluntad para colaborar entre las consejerías implicadas. El informe concluye resolviendo incluir este asunto (no es el único) en el informe anual a las Cortes Generales. Para acceder al informe completo que recoge las anteriores observaciones, pulsar aquí.

Hay muchos más casos de expedientes de queja que afectan a la Consejería. El caso de la situación de legalidad de las graveras en el Parque Regional del Sureste, es especialmente esclarecedor de la indolencia de esta administración. En mayo de 2014 la Defensoría del Pueblo elevó informe (expediente 08023573) en el que se hacía constar que “…tras seis años desde el inicio de las presentes actuaciones, de la información proporcionada… no puede deducirse cual es en la actualidad la situación ambiental del Parque del Sueste. Pero si puede concluirse la falta de diligencia… en ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico les otorga para logar la gestión sostenible de las actividades extractivas y la restauración del espacio protegido.”. “En virtud de lo anterior esta institución ha resuelto incluir este asunto en el informe anual a las Cortes Generales”. O sea que la Defensoría reconoce que tras seis años intentándolo, la Consejería de Medio Ambiente no consigue esclarecer la información que se le solicita o poder evaluar el estado ambiental de un espacio protegido. No es el único expediente que concluye de esta manera.


Los Ayuntamientos

Rafael Cerquera

Algunos alcaldes, como Rafael Cerquera, (Mejorada del Campo), promocionaron directamente la minería pirata (sin control ni planes de restauración.). Hasta cuatro proyectos en ese término municipal entre 1994-1995, encubiéndolas con licencias municipales para “estudios y mejoras agronómicas”.

Con pocas excepciones, las entidades locales siguen siendo testigos mudos del proceso de degradación ambiental que soporta la Comarca del Sureste. Con esta actitud no han hecho otra cosa que continuar la “tradición” de sus antecesores de los años 80 y 90, que mientras se preocupaban exclusivamente de su “patio trasero” la administración regional iba instalando poco a poco, a lo largo del valle del Jarama, gran cantidad de instalaciones de alto riesgo, que han agravado aun más la especialización de nuestra Comarca como la gravera, el colector o el vertedero regionales. Todo cuanto acontecía fuera de la última calle de sus centros urbanos les resulta ajeno y competencia de otros, es como si el término municipal se acabara con las aceras. Dice mucho de esta actitud la consideración que tienen del río Jarama, hasta hace pocos años si alguien trataba de hacer respetar o defender el río, lo más que podía esperar era una sonrisa compasiva del responsable municipal de turno frente a semejante fantasía.
En este ambiente de indiferencia no es de extrañar que los ayuntamientos hayan hecho la “vista gorda”, algunos incluso colaborado en la depredación de sus propios términos municipales. A mediados de los años 90 todavía algún Alcalde de San Martín de la Vega, recién aprobada la pertinente ordenanza, animaba a las empresas de áridos a actuar en su municipio (hablamos de tiempos en que la actividad minera era puro saqueo de suelos). Queda mucho para que se pueda decir que el medio natural forma parte de las prioridades de los municipios. Basta asomarse a los presupuestos municipales, también antes del tiempo de los recortes, para comprender que el medio natural es ajeno al interés de los ayuntamientos. Algunos disfrutan de entornos privilegiados que son un valor añadido y que atraen visitantes, y no siempre son conscientes de las oportunidades que ofrece para los vecinos y la ciudad.

Urbanismo: Salvando las evidentes excepciones, que las hay, los responsables municipales tienen criterios difícilmente sostenibles, especialmente en el modelo de ciudad que han estado proponiendo en estos años de furor urbanístico, estimulados por gestores municipales sin escrúpulos que han priorizado los ingresos rápidos, y no siempre éticos, a la calidad de vida de sus vecinos o la calidad de la ciudad. Las principales decisiones estaban encaminadas a satisfacer una “necesidad” artificial de crecimiento acelerado. Sin la colaboración municipal no habría sido posible la etapa de especulación urbanística que hemos vivido en muchos municipios del PRS.

El modelo de ciudad que hace furor entre los alcaldes-urbanistas-constructores que han diseñado los Planes Generales de Urbanismo en nuestra zona tiene graves consecuencias ambientales. Los crecimientos en forma de grandes urbanizaciones de chalets adosados requiere de grandes superficies que acaban apuntando a las riberas o los cantiles (Rivas, Velilla, Getafe-Perales del Río, etc), de un elevado consumo de agua para regar tanta pradera o piscina privada. Pero sobre todo requiere de infraestructuras para el coche, el medio más utilizado en estos crecimientos horizontales.
Los crecimientos urbanísticos no tenían ninguna consistencia racional con las tasas de natalidad que tiene nuestra Región y la considerable bolsa de viviendas vacías que existía. Los responsables municipales que aprobaban estos crecimientos conocían bien estos datos. La Comunidad de Madrid echaba más madera a la caldera de la burbuja del ladrillo con la pretensión de construir cientos de miles de viviendas (Plan Estratégico Regional) en una operación dirigida a generar negocios especulativos. De esta política han participado gran parte de los ayuntamientos de la Comarca, encantados en que se les facilitara la recaudación del mayor número de licencias urbanísticas. La mayor parte de los ayuntamientos de la zona tenían previsto en sus Planes de Urbanismo crecimientos que en muchos casos representan triplicar o más, el censo de viviendas actual (en el número 17 de la revista “Taray” se recoge un informe sobre los crecimientos previstos en los municipios del PRS en los inicios de la burbuja especulativa. Un alto porcentaje de estas nuevas viviendas no se ocupaban y servían únicamente como transacción especulativa y refugio financiero. Los ayuntamientos han estado al servicio de los especuladores y constructoras, y han colaborado en la destrucción de su entorno y en el empobrecimiento del país.

El precio ambiental que hay que pagar por estas estrategias es considerable. En localidades como Rivas asoman sus viviendas en los mismos cantiles del Cristo de Rivas o en El Piúl. Su previsión de crecimiento, para el 2010, se fijaba en 120.000 habitantes. Miles de vecinos disponen de hermosas vistas, o disfrutar de una vivienda a escasos metros de algunos de los ecosistemas más valiosos y frágiles del Parque, parajes que acabarán gravemente dañados por esta insoportable presión. San Fernando de Henares ha estado apostando por “saltar” al otro lado del Jarama, la construcción de la carretera M206 entre esta localidad y Torrejón pretendía facilitar esa expansión, aun a costa de solicitar que se eximiera el proyecto del trámite de evaluación ambiental. Un caso insólito, para un espacio protegido. Velilla de San Antonio apunta su expansión hacia la vega, aunque los límites de las áreas protegidas del PRS representan un serio obstáculo para conseguirlo. Las expectativas de urbanización que llegaron a generar la Ciudad del Ocio, en San Martín de la Vega y Aranjuez, son preocupantes. El crecimiento salvaje en Arganda del Rey ha estado basado en la corrupción más casposa con el sindicato del crimen de la Gürtel. En definitiva, el modelo (único) de crecimiento urbanístico que se aplica por doquier es una seria amenaza para la protección del medio ambiente y el interés general, y en ese diseño los ayuntamientos han tenido un papel muy relevante.
La situación de la especulación urbanística en Madrid y en las localidades del Parque del Sureste ha generado sus propias páginas de información en esta web. a las que puedes acceder pulsando aquí.

Infraestructuras: Infraestructuras y crecimiento especulativo van de la mano, el incremento de desplazamientos se realiza muchas veces en el único posible: el coche. Un auténtico drama en una zona, el PRS, que soporta una congestión crónica desde años por la influencia negativa de la N-II (ver M-50). Cualquier medida que facilite el “drenaje” de tanto coche es bien recibida por todos, …especialmente por los ayuntamientos, que vieron en las nuevas carreteras nuevas oportunidades para la recalificación de suelos. En estas “oportunidades” se encuentra la razón de la escasa oposición municipal a autopistas y otras vías, aunque se trate de una axfisiante concentración de infraestructuras. El mejor ejemplo es el de la carretera M-206 ya comentada, construida para comunicar San Fernando de Henares con su polígono industrial cerca de Torrejón. El triste escenario de este desarrollismo irresponsable y derrochador son los aproximadamente 15 kms de ribera del Jarama, entre el Puente de San Fernando y el Puente de Mejorada del Campo, en este limitado trayecto hay los siguientes puentes y viaductos sobre uno de los ríos más maltratados de este país: N2, M21, FFCC Madrid-Guadalajara, M206, M50, AVE Madrid-Barcelona, R3, antiguo puente de Mejorada (en ruinas actualmente), M203.


El Canal de Isabel II

Cuando observamos un cauce seco en ríos de la Comunidad de Madrid detrás suele estar la gestión del Canal de Isabel II. Esta empresa es un ente público que depende de la Administración Regional. Tenía entre sus competencias el abastecimiento, la depuración de las aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos. La empresa tiene asignada la gestión de los principales embalses de la Comunidad y de las regiones vecinas, caso del embalse de El Vado en el Jarama, en Guadalajara. A partir de 2012 se adaptó su nombre y sus funciones a la realidad cotidiana, nació Canal de Isabel II Gestión, S.A., sus cometidos: la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización. Lo de la “conservación de los ríos” era un anacronismo que se correspondía poco con los cauces secos que provocaban la gestión de los pantanos, así que para evitar prolongar semejante ridículo decidieron eliminarlo.

Río Guadalix desecado por la gestión del canal de Isabel II

Desecar tramos de ríos como el Jarama o el Guadalix (en la foto, en 2009) ha sido habitual cualquier verano, y todavía sucede de manera esporádica. Sólo es posible con la colaboración de las dos administraciones implicadas: el Canal de Isabel II, que gestiona con criterios mercantiles la regulación de caudales aguas abajo de las grandes presas; y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que mira para otro lado y tolera que ríos incluso protegidos se desequen durante años, mientras ignora las denuncias que se le hacen llegar. Para comprender mejor el grado de desprecio por el medio natural baste decir que el borrador del Plan Hidrológico del Tajo que promueve la CHT en 2014 prevé que el Jarama no tendrá mejora apreciable en el período 2013-2027. El río Guadalíx fue un río truchero hasta hace algunos años y forma parte de la Red Natura 2000, hoy es un canal sin corriente sometido a los cortes de caudal que se aplican en la presa de Pedrezuela. Son solo dos ejemplos de la sensibilidad ambiental de las administraciones a las que hemos encomendado el patrimonio fluvial.

cualquier verano

El objetivo mercantil y la prioridad por los beneficios (antes y después del cambio de marca) ha sido la auténtica obsesión de sus gestores. Para ofrecer un balance contable saneado, con sustanciosos beneficios, era necesario acaparar y aumentar la disponibilidad del recurso (el agua) en los almacenes (los embalses) y aumentar de esa forma la capacidad del negocio. El resultado: cauces sin agua (Jarama, Guadalix, etc.), aumento de la contaminación en los tramos bajos, riesgos sanitarios, riegos agrícolas con aguas fecales, pérdida de vegetación de ribera, pérdida de fauna ictícola, reducción de las corrientes y caudales medios con la consiguiente sustitución de los peces autóctonos por peces exóticos, etc. Y todo esto sucede en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Es el esquema habitual de estos falsos liberales, que consideran el patrimonio público (en este caso fluvial) como una especie de alijo al servicio de los negocios más insostenibles o de la explotación mercantil desde entes públicos como el Canal de Isabel II. Para ellos el agua es un recurso más, y por ser público es saqueable como tantos otros recursos y servicios públicos en la actualidad.

El cierre de compuertas en embalses como El Vado, Atazar, Pedrezuela, etc, agravado por los bombeos de aguas subterráneas en la zona de Torremocha, en el Jarama, ha sido la causa directa de la desecación de los cauces. Lo han hecho contraviniendo leyes (el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su reglamento), directivas europeas (la del Agua) o caudales ecológicos establecidos (con el truco de soltar en invierno todo el caudal anual asignado al río). Soltar agua en verano desde el embalse de El Vado ha sido posible mediante sentencias judiciales y multas, o por el empeño de algún consejero que comprobó que aun en veranos de fuerte sequía el agua que necesita un río como el Jarama no supone ningún riesgo para el abastecimiento (véase en este folleto divulgativo la experiencia de caudales que han tenido que soportar los ríos madrileños). El Canal de Isabel II siempre consideró que garantizar el abastecimiento era incompatible con la supervivencia de los ríos, simplemente estos tenían la consideración de canales por donde se escapaba el agua. En otras ocasiones la regulación de algunas presas provoca avenidas de lodos al turbinar desde aliviaderos situados en la base de la presa, este es el caso de la presa de Pinilla, en el río Lozoya.

El saneamiento y la depuración es otra asignatura pendiente de esta empresa. Como es lógico la depuración tiene consecuencias directas sobre la calidad de los ríos. Una empresa que no tiene escrúpulos en desecar cauces poco interés puede tener en verter efluentes de calidad a los ríos. El Canal de Isabel II ha sido sancionada en repetidas ocasiones por el mal funcionamiento de sus depuradoras. Por contaminar los ríos, vamos. Las depuradoras de la Comunidad de Madrid no son eficientes, salvo alguna excepción ni siquiera tratan de manera diferenciada los vertidos industriales de los urbanos. Las EDAR que se sitúan a lo largo de las riberas de los ríos son demasiadas veces focos de contaminación con vertidos que no encuentran aguas limpias en los que disolverse por el estrangulamiento de caudales en los embalses de cabecera.

A pesar de las inversiones de las últimas décadas las redes de saneamiento tienen todavía grandes deficiencias que afectan muy directamente a los ríos. Sólo hay que asomarse a la red de alcantarillado que hay en la ribera del Jarama, en el Barrio de la Estación (Coslada), para comprender de donde procede la inmensa cantidad de plásticos que tapizan las riberas y las ramas de los árboles en el Jarama entre este punto y la desembocadura del Henares, 10 Kms más abajo. Todavía en pleno siglo XXI hay polígonos industriales sin depuración (Paracuellos, entre otros) o urbanizaciones con vertidos directos al río (Vallequillas-San Martín de la Vega, por ejemplo). El estado de los tramos bajos de los ríos es el mejor ejemplo de la escasa eficiencia del Canal de Isabel II en el cumplimiento de sus competencias.

Si de información se trata, el Canal de Isabel II es una barrera infranqueable al ejercicio del derecho a recibir información. Conseguir información publica sobre los consumos de los cuarenta campos de golf de la Región es inútil, pedirles datos sobre semejantes “secretos” un reto a la paciencia y un descarado ejemplo de como se burlan de las leyes. Nosotros llevamos años tras esa información. Se comprende lo que hay tras tanta opacidad cuando afloran públicamente denuncias del Seprona por extracciones incontroladas de agua en el subsuelo desde campos de golf, o que parque acuáticos lleven años pirateando agua (sin facturar por los consumos supuestos). Hay que ser muy ingenuo para no comprender la posible implicación y responsabilidad de esta administración, y de la Comunidad de Madrid, en los abusos de estos negocios.


La Confederación Hidrográfica del Tajo

Para que algunos ríos se encuentren en ese estado, cercano a la condición de cloaca, es necesaria la colaboración activa de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). La competencia fundamental de la CHT es “la administración y control del dominio público hidráulico”, es decir el el agua, el cauce y las riberas”. La inhibición en esta obligación de control respecto al Canal de Isabel II, por ejemplo, ha tenido graves consecuencias para la calidad de los ríos de la Comunidad de Madrid como ya se ha explicado.

Jarama-desecacion-caudales-derivados

Los abusos con el agua destinado a riego son una lamentable consecuencia del descontrol que practica la Confederación Hidrográfica del Tajo. Verano tras verano se derivan caudales de agua, desde la presa del Rey (Rivas Vaciamadrid), muy por encima de los permitidos. La consecuencia se observa en la inundación de tierras y caminos, en San Martín de la Vega, mientras el río Jarama, a poca distancia, agoniza prácticamente sin agua. La CHT no solo mira para otro lado en el derroche del agua, también en su estado sanitario. Las aguas con las que se riegan las hortalizas de la principal vega de la C. de Madrid son aguas fecales,cargadas de metales pesados, procedentes de ríos como el Manzanares o el Jarama. A pesar de que todas las administraciones conocen este hecho desde hace años ninguna quiere responsabilizarse ni adoptar medidas que “incomoden” a los electores-agrícultores. La salud de los consumidores no es lo primero para estos gestores. En la gráfica se puede comprobar el incumplimiento de los caudales previsto para riego en el bajo Jarama.

La CHT carece de intervención activa en los ríos madrileños hasta el punto de que prácticamente carece de un servicio de guardería fluvial. El abandono se hace más evidente en el limitado conocimiento que tiene sobre el estado de los ríos. El Inventario de infraestructuras en desuso es el mejor ejemplo, la CHT no ha sido capaz de encontrar más de tres casos a lo largo de más de 100 kms de la ribera del Jarama (durante 2013-2014 los voluntarios de Jarama Vivo estamos haciendo un censo con decenas de casos, muchos de ellos visibles desde cualquier fotografía aérea). No hay planes de recuperación fluvial que merezca tal nombre. El Jarama es seguramente uno de los ríos con mayor número de obstáculos y barreras artificiales, no tiene siquiera escalas para el remonte de los peces (algunos azudes tienen simplemente “escalones” que no sirven para nada, probablemente creados para aportar un perfil de sostenibilidad y cobrar subvenciones comunitarias en su día). Muchas estaciones de aforo son igualmente un obstáculo insalvable para la fauna ictícola.

La CHT tiene responsabilidad directa en el estado de los ríos y en los usos que autoriza en el agua que deriva. El caso de la Acequia Real del Jarama (presa del Rey) es quizás el ejemplo más lamentable del desinterés o de la falta de escrúpulos de esta administración. La CHT hace la vista gorda con el estado sanitario de las aguas (procedentes del río Manzanares) que se utilizan para el riego de la principal vega de la Comunidad de Madrid (Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Aranjuez, etc.). La presencia de altos niveles de metales pesados en esas aguas es perfectamente conocida por la CHT que reconoce en el Plan Hidrológico que estas aguas “no son aptas para ningún uso” (cuadro 23 de la Orden del 13 de agosto de 1999). Esta derivación para aprovechamientos agrícolas de los caudales del Jarama es también un ejemplo del abandono de la CHT, incapaz de controlar los volúmenes de agua (de hecho la inmensa mayoría de los azudes carecen de caudalímetro), hasta el punto que los regantes de esas 10.000 has. de la Acequia Real del Jarama usan a su antojo los caudales dejando el río prácticamente seco.

Si de planificación hidrológica se trata (caudales ecológicos en los ríos, por ejemplo) la CHT demuestra de manera creciente que su papel es subsidiario de las necesidades del modelo de crecimiento salvaje que vienen practicando los gobiernos de las últimas décadas. Él agua que circula por los ríos es un recurso estratégico puesto al servicio de esas necesidades, se llame urbanismo, campos de golf (en pleno clima mesetario), praderas municipales de césped escocés, urbanizaciones con cientos de piscinas privadas (Rivas Vaciamadrid es un buen ejemplo), agricultura de regadío a manta, etc. Para atender esas “necesidades” el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2013) ofrece soluciones sorprendentes para conseguir “caudales ecológicos”, como trasvasar agua de depuradoras de Madrid al Lozoya (al pie de la presa del Atazar), trasvasar agua al Levante por la puerta de atrás, o volver a la fiebre embalsadora recreciendo presas con El Vado o construyendo alguna nueva en el Alberche. De ahorrar agua que-vuelva-a-los-ríos ni una palabra. Sus cálculos sobre el agua que necesitan los ríos se basa en el curioso sistema de calcular cual es el estrés hídrico que es capaz de soportar cada especie de pez relevante que habita un río o tramo, para determinar de esa manera el caudal que “sobra” en el río. Acabarán por conseguir que los peces muten a anfibios. Eso en el mejor de los casos por que hay ríos para los que no prevén que tengan un caudal continuo.

El borrador del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que ha elaborado la CHT, es el algunos aspectos un auténtico disparate, y tendrá graves consecuencias en la calidad de los ríos. Pero es sobre todo la confirmación de que la Confederación Hidrográfica renuncia a recuperar los ríos madrileños (Jarama, Guadarrama, Tajuña y Manzanares), y lo hace incumpliendo con descaro las obligaciones y plazos que le impone la Directiva Marco del Agua. Semejante desafío a las normas comunitarias que ha suscrito este Gobierno podría acarrear sanciones económicas a nuestro país, pero sobre todo la continuidad o incremento de los riesgos ambientales y sanitarios que ya soportamos en la Comunidad de Madrid.

La CHT lleva más de una década delimitando el Dominio Público Hidráulico (DPH). Un proceso lento del que se han aprovechado numerosos particulares que por la vía de los hechos se han apropiado del patrimonio fluvial. Todavía en la actualidad es posible encontrar ocupaciones masivas del DPH, este es el caso de las decenas de parcelas que ocupan la ribera a ambos lados del puente de la M206, en San Fernando de Henares.


Ejemplos del papel de las administraciones en la conservación del medio natural del valle del Jarama, y de como vulneran derechos elementales de transparencia:

Seguimiento de las solicitudes de datos realizadas a la Consejería de Medio Ambiente de Madrid (datos desde 2013).
Informe sobre denegación de datos por la Consejería de Medio Ambiente (años 2012 y primer semestre de 2013).
Solicitud de grupos ecologistas y sociales reclamando a la Consejería de M.A. que amplíe la información que ofrece la web institucional con los datos públicos que se le solicitan periódicamente (publicidad activa).
Actas de los Consejos de pesca de la Comunidad de Madrid en página de descargas
Denuncias por agresiones al medio ambiente presentadas ante diferentes administraciones. Y resultado detallado de cada una.
Informe sobre graveras en suelos incompatibles (2013).

La especulación urbanística (año 2005).
El caso de Velilla de San Antonio.

Desarrollo de las sesiones del Consejo de Pesca fluvial de la Comunidad de Madrid
(en zona de descargas)