La especulación urbanística

La primera década de este siglo ha sido un auténtico desastre desde el punto de vista económico, social y también para la conservación. Todos los recursos y todos los derechos se pusieron al servicio del becerro de oro del ladrillo. Nuestro país pagará durante muchos años la factura de esa fiesta que montaron los especuladores, los banqueros y sus terminales políticas. La huella ecológica que han dejado en el paisaje y en los recursos ha sidoen ocasiones demoledora.

En nuestra comarca hemos tenido que soportar como en la periferia del Parque del Sureste y en muchos municipios río arriba han aparecido urbanizaciones como setas en otoño. Muchas de ellas abandonadas pocos años después. Si bien los suelos del Parque del Sureste estaban declarados “no urbanizables”, la periferia ha sido pasto del ladrillo. Municipios como Coslada o Rivas simplemente se han quedado sin suelo para el futuro, con lo que algunos próceres ya han empezado a pedir “su suelo” para futuras hazañas, suelo que solo puede salir de la desprotección de parcelas del Parque. En fin, la fiesta del ladrillo nos ha dejado una amenaza para el futuro.

Dejamos aquí las notas que publicamos en plena orgía especulativa (2009). Muchos nos tachaban entonces de aguafiestas.


Ya en 2009 un informe de la Comisión Europea demostraba que la Región de Madrid aumentó sus zonas urbanizadas un 49,2% durante la última década, por encima incluso que la Comunidad Valenciana. Lejos de crecer, nuestras ciudades del cinturón metropolitano se multiplican y degradan, sin una demanda social que lo justifique. Un pequeño sector de propietarios, especuladores y empresas, con el apoyo de gestores municipales escasos de escrúpulos, se esfuerzan en un crecimiento urbanístico salvaje, que agrede a la calidad de vida de miles de vecinos y al modo de vida de ciudades hasta hace poco tranquilas. Son operaciones que se llevan a cabo con sigilo y urgencia (antes de que se desinfle del todo esta economía artificial), Escondiéndolas al debate y el conocimiento de la opinión pública. Lejos de abaratar el precio de la vivienda han contribuido incluso a su encarecimiento como nunca antes se había conocido.

Lo que sucede en nuestras ciudades en los últimos años nada tiene que ver con los intereses o las necesidades de los ciudadanos o la articulación racional del territorio. Para algunos grupos de presión muy poderosos, y que deciden sobre nuestro modo de vida, se trata de puro y simple negocio, muy lucrativo por cierto. Los mismos que son capaces incluso de forzar la repetición de elecciones regionales.

Para los Ayuntamientos, en muchos casos, son ya la fuente principal de financiación. Los modelos de ciudad a los que nos arrastran no suelen ser “ofertados” en las elecciones municipales o regionales (y mucho menos sus consecuencias), aunque también es posible encontrar noticias de regidores municipales que se jactan todavía de pretender multiplicar su municipio por dos, por tres y hasta por cuatro, en el breve período de la ejecución de un Plan General de Urbanismo (PGOU). La necesidad de recaudar fondos por licencias de construcción o por el aumento de las transferencias de población parece ser la última justificación a tanta megalomanía rampante por la periferia madrileña. Con independencia de las tonalidades ideológicas, casi todos los municipios parecen haberse inscrito a una lamentable carrera por el crecimiento a cualquier precio, aprovechando las oportunidades especulativas que ofrece el mercado inmobiliario.

Tanto empeño y dedicación a un crecimiento que no parece tener límites está provocando numerosos casos de prevaricación y delitos cometidos por responsables municipales. Hay hasta la fecha veintidós municipios en los que alcaldes, ex-alcaldes y/o concejales están siendo investigados por delitos urbanísticos: vulnerar la normativa municipal o autonómica, licencias en zonas protegidas, incremento de edificabilidad permitida, se reducen o eliminan las cesiones obligatorias para zonas verdes y equipamientos, se favorecen operaciones que incrementan las plusvalías del suelo, lo que a su vez encarece el precio de las viviendas, etc.

Más viviendas… y más caras

urbanismo-TABLA1El negocio del ladrillo no conoce límites. Hay más suelo para urbanizar que nunca, se construye más que nunca, y las viviendas están más caras que nunca. De hecho, en la legislatura pasada se ha aprobado la recalificación de 30.000 has. de suelo suelo (lo que supone casi un 4% del territorio de la Región) y la construcción de viviendas con capacidad para 1,8 millones de personas. Actualmente existen municipios que tienen clasificado como urbanizable y urbano el 100 % del suelo que no está protegido (Arroyomolinos, Brunete, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones, Collado Villalba, Robledo de Chavela, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Soto del Real, etc). Muy lejos de que esta situación haya servido para frenar el encarecimiento de la vivienda, en los últimos 4 años (según datos de la Sociedad de Tasación S.A.), el precio se ha incrementado en un 55,2% en la capital y en un 35,8% en el área metropolitana. Tan sólo este último año 2004 los incrementos de precio en la vivienda nueva, en las grandes localidades de la periferia madrileña, oscila entre el 15-20%.

Esta evolución pone de manifiesto la absoluta falta de relación entre disponibilidad de suelo para construir y el precio de la vivienda. El urbanismo hoy es un instrumento para canalizar y promover inversiones. Prueba de ello es el elevado número de viviendas desocupadas, 305.010 en la Región de Madrid, en el 2001, según el Instituto Nacional de Estadística (1).

¿Para quién son tantas casas?

Hasta la fecha, cerca de 600.000 viviendas se han autorizado construir en la Región de Madrid, la mayoría en la corona entre la M-40 y M-50 y las grandes localidades del cinturón metropolitano. Las grandes infraestructuras que se diseñaron durante la pasada década (circunvalaciones, radiales de peaje…) no han sido sino el estímulo de grandes operaciones urbanísticas con suelos previamente acaparados, tal y como se denunció en su día.

Esto sucede en la principal Región de un país donde el nº de hijos por mujer en edad fértil en España ha caído a la mitad en 20 años. En Madrid la tasa de natalidad sigue siendo una de las más bajas de Europa a pesar del incremento que aporta la inmigración. Sólo la inmigración ha evitado que la población de Madrid reduzca su población absoluta, en el 2003 el saldo vegetativo (nacimientos-fallecimientos) alcanzó la cifra de 25.317. Tampoco parece que el bajo poder de compra de la población inmigrante sea el destino de los miles de adosados que se venden a 50 o 60 millones de las antiguas pesetas.

Es evidente que el negocio inmobiliario y de la obra pública en la Comunidad de Madrid ya hace tiempo que dejó de responder a la necesidad de abastecer de techo y cobijo a las personas. La vivienda, el urbanismo y la planificación territorial que se promueve desde ayuntamientos y Comunidad de Madrid forman parte de la inmoral especulación y el trasvase improductivo de capital público a bolsillos privados.

urbanismo-plano sureste


La degradación de la ciudad

Que estos crecimientos tienen sustanciosos beneficios para las arcas municipales está fuera de duda, aunque más difícil es asegurar que no representan una hipoteca para la gestión de la ciudad en el futuro, ya que se necesitarán recursos crecientemente proporcionales a la nueva ciudad. Es decir, a mayor población, mayores necesidades de infraestructuras urbanas y de servicios locales. Pero las prioridades de nuestros gestores no se centran en la planificación de la ciudad a medio plazo sino más bien en el lucimiento del breve mandato de alcaldes y concejales. Los que vengan detrás ya se buscarán la vida acudiendo a nuevos y espectaculares planes de urbanismo si la demanda especulativa del mercado lo permite.

Lo que si parece claro es que crecimiento urbano no es sinónimo de calidad de vida para los habitantes de una localidad de tipo medio, p.e.. Mientras se «multiplican» los barrios aparecen problemas que afectan de manera muy directa a los vecinos: el ambulatorio se queda pequeño, los colegios tienen que instalar los prefabricados, las carreteras se atascan de vehículos, aparecen fenómenos de desarraigo local y de delincuencia propias de ciudades dormitorio, el transporte colectivo se queda raquítico, hay que ampliar la depuradora, etc. Por supuesto, todo ello se soportará con fondos públicos. Siempre suelen ser problemas que son «competencia» de otras administraciones. Eso es al menos lo que le dirán los mismos regidores que decidieron unilateralmente duplicar o triplicar de una tacada el tamaño de su localidad.

Este crecimiento, disperso e incontrolado, tiene también influencia sobre la vida local y las relaciones sociales. El modelo de ciudad mediterránea compacta está evolucionando hacia el modelo anglosajón, en la que los ciudadanos ganan en individualidad y pierden en sociabilidad. Son ciudades con casas grandes, muy extendidas, pero sin gente ni comercios en las calles. El centro de reunión es el centro comercial y el desplazamiento fundamental se realiza en coche.

Ni siquiera las molestias del cercano aeropuerto de Barajas han sido un obstáculo para que los mismos ayuntamientos que protestan públicamente por los ruidos hayan aprobado incrementar su población, para el 2010, en 630.594 habitantes (2), incumpliendo con ello las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental de Barajas, respecto a disminuir la población afectada por impactos acústicos derivados de esta infraestructura.

Pero todas estas actuaciones y crecimientos cuentan con el apoyo de la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente, dedicada a diseñar las nuevas circunvalaciones que marquen la frontera del siguiente crecimiento (ya se están aprobando tramos de la M-60 y el trazado de la M-70), o infraestructuras que favorezcan ciertos crecimientos urbanísticos (M-501, Xanadú, Parque de la Warner en San Martín de la Vega, etc.). Esta Administración, encargada de autorizar los Planes de Urbanismo de los municipios, ha autorizado, en la anterior legislatura, la calificación de más suelo para urbanizar que todo el que se ha construido en los últimos treinta años. Según datos de Ecologistas en Acción (3).

El medio ambiente

En España, entre 1990 y 2000, se ha urbanizado tanta superficie como la provincia de Guipúzcoa (4). En el mismo período se perdieron 239.248 hectáreas de zonas forestales.

En Madrid este fenómeno es especialmente dramático por la enorme ocupación de suelo y sus impactos directos e indirectos sobre espacios protegidos como el del Guadarrama o el del Sureste.

El uso masivo y creciente del coche privado provoca más carreteras, más contaminación, más accidentes, más atascos, más tiempo perdido en los desplazamientos… La mayoría de los madrileños se desplaza diariamente de la periferia a Madrid, invierte en ir y venir al trabajo del orden del 20% del tiempo que permanece despierto (1).

El consumo de petróleo se disparará y encarecerá aun más, en una Región donde las alarmas por fenómenos de ozono estratosférico (muy perjudicial para las vías respiratorias) se ha convertido en algo habitual.

La actividad constructiva y, en el futuro, la ocupación de esas viviendas requiere del consumo de ingentes cantidades de recursos y energía. La producción de áridos es una de las principales causas de la degradación del Parque Regional del Sureste y el tramo medio del Jarama.

Regar los jardines de las viviendas unifamiliares durante los meses de verano supone un consumo medio de diez veces más que un piso. Por no hablar de los numerosos campos de golf que se prevén para aumentar los precios de nuevas urbanizaciones, y que se añadirían a la treintena ya existentes. De seguir este crecimiento en los próximos años, es probable un colapso hídrico al llegar a superar las demandas de agua los recursos disponibles en Madrid (unos mil hectómetros cúbicos anuales). El abastecimiento podría convertirse en un grave problema, por las dificultades (y los daños ambientales que ocasionaría) para traer agua de otras cuencas, o por la reedición de los episodios de desecación de cauces de ríos como ya ocurrió en la pasada década.

La situación en el Parque Regional del Sureste es realmente preocupante. Además de la fragmentación que soporta por las infraestructuras de transporte, parte de su periferia lleva camino de colapsarse de viviendas en zonas tan sensibles como Rivas Vaciamadrid, donde el suelo a planificar ya se ha agotado y se prevén tensiones en el futuro para desproteger suelo, con cuyos ingresos puedan lucirse los nuevos gestores. Rivas Vaciamadrid tiene además el lamentable privilegio de haberse convertido en un auténtico parque temático del consumo, algo que además se quiere vender cómo la ciudad modélica de la izquierda.

Respuesta social

Hace tiempo que desde algunos sectores de la sociedad se plantean propuestas dirigidas a modificar el precio del suelo (sacar al mercado la vivienda desocupada, creación de patrimonio inmobiliario municipal, adquisición de suelo urbanizable previamente desclasificado), reforma de los ingresos municipales (aumento de las transferencias del Estado, establecimiento de límites a los ingresos por desarrollos urbanísticos, reforma de la fiscalidad sobre viviendas vacías), además de medidas extraordinarias para conectar zonas aun no alteradas con corredores naturales no urbanizables, etc.

Ni Ayuntamientos, ni Comunidad de Madrid, ni los diferentes partidos políticos, parecen dispuestos a racionalizar el modelo de crecimiento urbanístico. Ante esta situación de indefensión institucional y política, la respuesta ciudadana se está organizando en la Región a partir de una treintena de colectivos sociales y grupos de defensa ambiental, solicitando planes urbanísticos respetuosos con el entorno natural. La Coordinadora “CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA” que ha empezado a dar sus primeros pasos pretende denunciar ante la opinión pública la insostenibilidad del modelo urbanístico actual, llevar ante los tribunales los casos de ilegalidad y denunciar ante la Unión Europea todos aquellos casos de incumplimiento de las directivas europeas de protección de la naturaleza. Precisamente ahora que está elaborando una modificación de la Ley del Suelo, el Gobierno Regional debe saber que hay una opinión pública organizada, dispuesta a exigir una normativa al servicio de los ciudadanos y no de la especulación.

(1) Censo de Población y Viviendas 2001.
(2) “Afecciones a la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas”. Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
(3) “Incidencia de la actividad urbanística en la CM”. Octubre, 2003.
(4) 170.384 hectáreas. Fuente: Proyecto Corine Land Cover.


Algunos datos de la etapa especulativa:

* En el 2004 se construyeron en España 675.000 viviendas, tantas como Francia, Italia y Alemania juntas. El precio medio de la vivienda, en los últimos diez años, se incrementó en un 147%. (1)

* España consume el doble de cemento que Alemania (2).

* Los municipios de Madrid ingresan 280 millones de euros en el 2002 por subastas de suelo, cuatro veces la cantidad destinada a vivienda y 3,5 veces el presupuesto destinado a Justicia (3).

* El suelo de la Región de Madrid, edificado entre 1990 y 2000, aumento en un 49,2% (4).

* En el año 2001 existían 620 viviendas vacías en Velilla, el 16,7% del total. El 56% de esas viviendas se habían construido entre 1991 y 2001 (5).

* Madrid se expande hacia el sureste. Previstas 300.000 nuevas viviendas sobre el eje de la N-III (6).

* A finales de la década pasada, nuestro país tenía un 27% más de Kms de autopistas por habitante que Francia, y un 78% más que la antigua Alemania Federal, en Kms por vehículo. En términos absolutos nuestra red de autopistas y autovías es superior a la del Reino Unido, Italia y Francia, siendo sólo superada por EE.UU. y Japón (2).

(1) SEOPAN (Asociación de grandes empresas de la construcción).
(2) Ecologistas en Acción.
(3) Diario “El Mundo” 4/4/2003.
(4) Proyecto “Corine Land Cover”. Comunidad Europea.
(5) Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2001.
(6) Diario “El Mundo”, 7/7/2002.


El caso de Velilla de San Antonio.


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