Las graveras
han sido una actividad tradicional en el valle del Jarama. Desde
mediados de los años 70 estas explotaciones han tenido un importante
crecimiento y se han concentrado en la franja de mayor productividad:
la zona entre Mejorada del Campo y San Martín de la Vega, y muy
especialmente el área de Arganda-Rivas (con potencias de hasta 30 m.
de profundidad en los depósitos de gravas, como consecuencia de fenómenos
de disolución y hundimientos históricos de los suelos yesíferos
sobre los que se depositaron). El resultado de esta concentración y
la ausencia de una legislación que impusiera controles ambientales ha
sido la ocupación de gran parte de la ribera y la degradación de
todo el patrimonio natural del que disfrutaron miles de madrileños en
los años 60.
Hasta finales
de los años 80 no se aplican planes de restauración en las
explotaciones y, cuando comienza a aplicarse el R.D. 2994/1982 sobre
restauración de espacios naturales afectados por actividades
extractivas, los trabajos no pasan de la suavización de los taludes.
Todo ello a pesar de las importantes fianzas que las empresas tenían
que depositar para labores de restauración, 1.611 millones en 1995.
La propia Comunidad de Madrid reconoce que esta actividad viene
causando graves daños ambientales: en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales se reconoce que el 42,8% de las 78 explotaciones
censadas en 1998 producen impactos calificados como “altos” o
“severos”.
Junto a las
graveras “legalizadas” ha existido siempre un sector de empresas
que han preferido seguir con explotaciones piratas, sin ninguna
autorización administrativa y sin obligaciones ambientales. Tan sólo
en Mejorada del Campo se denunciaron 5 instalaciones de este tipo
entre 1994 y 1995. Que estas explotaciones hayan funcionado durante años
sólo se explica por la connivencia de algunas administraciones
(Ayuntamientos y Consejería de Medio Ambiente). Es una tendencia
afortunadamente en retroceso, no tanto por la disciplina ambiental
sino por el interés de las empresas por situarse mejor ante un futuro
de controles y recorte de la actividad.
Justo es
reconocer también que los criterios de restauración ambiental van
formando parte de la planificación y las inversiones en un sector
creciente de empresas, que han entendido lo insostenible de la situación
y su papel de agresores ambientales en nuestra Comarca.
La aprobación
de la Ley del Parque y del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) han sido la oportunidad de poner orden
“ambiental” en el sector. Una regulación que ha intentado tener
en cuenta todos los intereses (lo que no es poco teniendo en cuenta el
pasado reciente), intentando que las nuevas explotaciones no sigan
causando mayores daños. A pesar de las limitaciones y condiciones que
estas normas imponen a las graveras que actúan entre San Fernando de
Henares y Aranjuez, más del 50% del Parque sigue siendo suelo
explotable.
La
Administración Regional actúa sin embargo retardando una solución
definitiva. El PORN se ha conseguido aprobar tras cuatro años de
retraso, el Plan rector de Uso y Gestión y el Plan Ambiental de Zonas
de Explotación (la regulación de la minería de áridos en la CAM)
van camino de una dilatación similar.
En la actitud de tolerancia de la Administración hacia los abusos de algunas empresas de áridos está la causa de la mayor parte de los problemas ambientales que genera esta actividad. A pesar de las decenas de denuncias presentadas y de las agresiones diarias, y a la vista de cualquiera, las empresas más reincidentes ni han sufrido sanciones relevantes ni han encontrado obstáculos para conseguir nuevas concesiones mineras, la Dirección General de Minas y la Consejería de Medio Ambiente han demostrado ser unas administraciones muy "comprensivas" hacia este tipo de empresas.
En la fotografía: Tránsito ilegal de transportes de áridos por el paseo central del área recreativa de Las Islillas (1995).
Si
la explotación intensiva de áridos de la Región se ha concentrado
en el valle del Jarama, ha sido por los importantes yacimientos que
hay en la zona. pero también por la alta rentabilidad que ofrecía
este negocio para las empresas. Con una pequeña inversión y una
parcela limitada se explotaban potencias (espesores) de hasta 25 m.).
¡Y además, no había que restaurar los suelos!. Un negocio seguro.
Algunos ayuntamientos han llegado incluso a fomentar la minería
pirata.
En la fotografía: gravera ilegal de La Guindalera (Mejorada del
Campo, 1995)
La actitud de las grandes empresas de extracción va cambiando y ya hace algunos años que incorporan recursos y profesionales para intentar minimizar los impactos que producen. Algunas han modificado o sustituido maquinaria para amortiguar los impactos sonoros (ARIPRESA), otras proceden a restauraciones orientadas a consolidar reservas de aves acuáticas (PIONEER CONCRETE)
En la fotografía: vista parcial de El Picón de los Conejos, humedal en fase de restauración (Velilla de San Antonio, 1998)