Tradicionalmente los ayuntamientos de la zona del Parque del Sureste han observado la actividad minera como una fuente de ingresos tributarios que había que regular mediante la correspondiente tasa. Así se explica que se hayan dado todo tipo de licencias municipales sin importar la destrucción de vías pecuarias, la generación de vertederos incontrolados o la excavación de la práctica totalidad del término municipal (Velilla de San Antonio ya tiene excavado un 75% de su término municipal). Esta actitud de tolerancia municipal hacia las graveras ha llegado al extremo de encubrir graveras piratas facilitando licencias para “estudios agronómicos” (cinco casos en Mejorada del Campo entre 1994-1995)

A partir de finales de los 80 la actitud de los ayuntamientos de la zona del Parque del Sureste ha ido oscilando entre la preocupación por el daño ambiental y la inhibición frente a una actividad que consideraban competencia de la Comunidad Autónoma. Ayuntamientos como San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Rivas o Arganda llegaron a aprobar en sus plenos moratorias a nuevas licencias (municipales) para graveras en tanto no se aprobara la creación del Parque del Sureste. Poco tardaron algunos de estos municipios en incumplir sus propios acuerdos, así en febrero de 1989 el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio cede a las presiones de la empresa STEETLEY (hoy MINORCO IBERIA) y autoriza una explotación a 100 m. de las viviendas, a pesar del rechazo inicial. Otro tanto sucede en Arganda del Rey con la explotación de PROMSA.

Arturo Gonzalo Aizpiri, Director de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en el momento de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la gravera de El Piúl.

Con el incremento de la conciencia social por la degradación ambiental que provocaban las graveras, la actitud general de los municipios va cambiando lentamente y de manera desigual. En septiembre de 1995 el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid decide denegar la licencia de apertura para abrir una gravera en El Piúl, La mayor gravera de España, entre los cantiles de Rivas y la ribera del Jarama. La Declaración de Impacto Ambiental fue autorizada por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid. Es el primer caso de un ayuntamiento que decide implicarse y aplicar la legalidad urbanística a la actividad minera, cuatro años después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso de la empresa PIONEER, dejando en evidencia las grandes posibilidades que tienen los ayuntamientos para intervenir en la ordenación de esta actividad.

Entre 1998 y 1999 diversos ayuntamientos de la zona (Rivas, San Fernando, Getafe, Coslada, Arganda) se incorporan a diferentes plataformas que se crean para la defensa del Parque o el río Jarama. Esta colaboración institucional entre las administraciones locales y los grupos de defensa ambiental, por objetivos compartidos, podría generar, en el futuro, nuevas energías y una percepción diferente de las posibilidades que ofrece el medio natural para un nuevo desarrollo (sostenible) en la Comarca.

A pesar de todo los Ayuntamientos de la ribera del Jarama no son capaces de crear ámbitos de colaboración comarcal, de igual manera que los municipios del Sur o del Corredor del Henares. Y no lo son porque la defensa del medio ambiente sigue siendo para la mayoría de nuestros gestores un objetivo marginal, secundario. No son capaces de percibir las posibilidades (para el desarrollo económico, el empleo,,,) que ofrece un entorno protegido, respetado y recuperado. Han aceptado como inmutable una especialización territorial a todas luces injusta, la de ser el vertedero, la cloaca y la gravera de la Región, en tanto otros territorios del área metropolitana ver aflorar empleos al mismo ritmo que se protege su entorno.

Hoy pocas personas informadas dudan que la defensa del medio ambiente será uno de los grandes retos para el siglo que ahora comienza. Muchos ayuntamientos no tienen la sensibilidad ambiental que se requiere para abordar con agilidad la recuperación de la ribera del Jarama. Y es que el problema del Parque se llama “tiempo”, el que no tienen los pocos parajes y especies de alto valor que todavía sobreviven. Si la degradación continua a este ritmo habrá pérdidas irreparables y se multiplicarán en el futuro los costos de la recuperación.

El mejor ejemplo de valor secundario que tiene este territorio para muchas administraciones es la casi nula información que transmiten los ayuntamientos a sus vecinos. Los ayuntamientos no informan del Parque, y los vecinos no pueden valorar y defender lo que no conocen. Que la apuesta ambiental sigue siendo más estética que real lo demuestran las partidas presupuestarias que algunos municipios destinan a objetivos ambientales, fuera del casco urbano.

De igual forma que esta es la actitud mayoritaria de los dieciséis municipios del Parque, hay algunos ayuntamientos que manifiestan una preocupación creciente por los problemas ambientales que afectan a todo el Parque, o por las ventajas que ofrece pertenecer a un territorio protegido (subvenciones, control urbanístico...), algunos incluso participan en campañas de defensa ambiental.

Los Ayuntamientos pueden ser un grupo de presión decisivo ante la Administración Regional. De la recuperación de esta Comarca sólo pueden salir beneficios para sus vecinos y la revalorización de la zona como segundo pulmón verde de Madrid. Está por ver que quienes así lo entiendan lleguen a tiempo.

16 de febrero de 1989. Un grupo de vecinos de Velilla de San Antonio paraliza la maquinaria de la empresa STEETLEY que ya empezaba a trabajar a escasa distancia de las viviendas. La paralización fue posible gracias a la existencia de un Decreto de Alcaldía que declaraba ilegal la actividad (no contaba con permiso municipal de apertura, en cumplimiento de una moratoria aprobada por el Pleno de la Corporación). Bastaron 24 horas para que las presiones de la empresa surtieran efecto y el Alcalde de esta localidad legalizara la actividad.
En la fotografía: vecinos de Velilla de San Antonio paralizando las máquinas de la gravera.

La actitud de los ayuntamientos de la zona cuenta también con episodios que se pueden calificar de históricos. Tal es el caso de la oposición a la apertura de la gravera en la finca El Piúl. La ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en abril de 1999, del rechazo inicial del Ayuntamiento de Rivas ha venido a demostrar el papel activo que pueden tener los Ayuntamientos en la ordenación del sector.
En la fotografía: vista parcial de la finca, entre los cantiles de Rivas y el río Jarama.

Rafael Cerquera, alcalde de Mejorada del Campo durante los años 1994-1995, período en el que se llegaron a denunciar hasta 4 graveras piratas, encubiertas con licencias municipales para "estudios y mejoras agronómicas".