La actitud de la Administración ante las denuncias por agresiones ambientales en el Parque del Sureste

Hay que tener "cara"

Comprobar como las denuncias acaban en la papelera administrativa de la Consejería de Medio Ambiente, al igual que ocurre con las que presentan sus propios agentes forestales, o como la Confederación Hidrográfica impone sanciones "ejemplares" de 50.000 pesetas por destruir las riberas del Jarama, es una actividad frustrante que raya en el masoquismo. Pero el tiempo, y quizás también los tribunales, acabarán poniendo a cada uno en su sitio, especialmente a algunos responsables "políticos".

Por nuestra parte vamos a seguir insistiendo en engordar nuestro catálogo de agresiones, en perseguir administrativamente cada acto de denuncia. Ya que no se pudo impedir la agresión, al menos queremos saber quién fue el responsable de que no se hiciera, y no tenemos prisa. La nuestra es una actividad de paciencia, las cinco graveras ilegales (por poner un ejemplo) que se abrieron en Mejorada del Campo en 1995, siguen teniendo tanta actualidad e interés, para nosotros, como la última barbaridad que acabamos de detectar

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid no sólo tiene todas las competencias, por ley, en materia de disciplina ambiental, si no que además es la entidad encargada de administrar el Parque Regional del Sureste. Es, por lo tanto, la principal Administración que debe velar por la legalidad.

La experiencia en el Parque del Sureste no ha podido ser más lamentable. Los datos fríos son los siguientes:

A estas alturas ya es evidente que la principal Administración encargada de proteger el entorno natural del Parque, se ha convertido en el principal aliado de los agresores ambientales. Por si a alguien le queda alguna duda de la "eficacia sancionadora" de los responsables de la Dirección General de Disciplina Ambiental, basta ponerse en contacto con los diferentes agentes forestales de la zona quienes, de manera oficiosa, le podrán comentar una experiencia igual de frustrante sobre sus propias denuncias.

Sorprende también comprobar como una Administración que existe para la protección del medio ambiente rechaza la colaboración que le intentamos prestar los grupos de defensa ambiental, facilitándoles la información suficiente para cumplir con su función (*).

Si acaso cometemos la insolencia de pedir información sobre la tramitación de aquellas denuncias que presentamos, pretendiendo ejercer el derecho al acceso a la información que nos reconoce la legislación, la respuesta suele ser la negativa. Que otra cosa podría decir una Administración para no quedar en evidencia.

En este escenario no es de extrañar que el Canal de Isabel II (dependiente de la Consejería) se dedique a desparramar lodos tóxicos de depuradora (como ha sucedido entre 1997 y el 2001), cargados de metales pesados, por todo el Parque. Tendrían que empezar por denunciarse a sí mismos.

En conclusión, poco se puede esperar de la Consejería de Medio Ambiente. Cualquier relación en el futuro tendrá que tener en cuenta esta situación y tratar de su recuperación a través de otros medios: tribunales de justicia, la denuncia pública sostenida, etc. Es el único lenguaje que entienden algunos responsables políticos.

(*) Todas las denuncias se acompañan de fotografías, planos y los suficientes elementos probatorios. Para datos actualizados consultar censo completo de denuncias (pulsar aquí)

A diferencia de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo Departamento de Disciplina Ambiental parece que hace años que se fue de vacaciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo si que responden a las denuncias y demandas de información que presentas. Lo que casi es de agradecer, aunque sea su obligación legal.

La C.H.T. tiene competencias sobre el río, el cauce y su zona de dominio público hidráulico. Es una Administración que no cuenta con recursos y guardería suficientes y que, en muchas ocasiones considera el río como un recurso exclusivamente económico.

Sin embargo, la calidad del río y su protección por parte de la CHT deja mucho que desear. Resulta rentable, muy rentable, contaminar un río. Veamos:

En esta situación no es de extrañar que las empresas y actividades no se sientan intimidadas y prefieran seguir pagando-contaminando que invertir en sistemas de depuración. La CHT no pasa de ser una oficina de recaudación de pequeñas multas.

Y eso cuando nos se le ocurre a los responsables de esta Confederación proyectos de canalización. Ya en 1994 intentaron llevar a la práctica la adjudicación de trabajos que convertirían el río Jarama, entre Patones y Aranjuez, en un canal inanimado y artificial, todo un indicador de la consideración que tiene la CHT sobre el principal río de la Región de Madrid.

(*) Todas las denuncias se acompañan de fotografías, planos y los suficientes elementos probatorios.
Para datos actualizados consultar censo completo de denuncias (pulsar aquí)

Aunque con pequeñas excepciones, la actitud de los ayuntamientos en relación con las denuncias que les trasladamos suele ser la de no querer entender de estos asuntos. Para un ayuntamiento medio el interés de sus gestores se acaba en la última calle del área urbana. Los furtivos, los vertidos, el patrimonio natural y, hasta hace poco, la misma pertenencia a un espacio protegido, les resultaba absolutamente indiferente. Algunos incluso decoran como "patrulla ecológica" lo que no es más que un servicio convencional (y urbano) de la policía local (Velilla de San Antonio).

Aunque los Ayuntamientos han evolucionado lentamente hacia un mayor interés por los beneficios que les puede reportar el desarrollo del proyecto ambiental que representa el Parque Regional del Sureste, su actividad sancionadora o de control sobre las actividades degradantes, casi brilla por su ausencia. En algunos casos los ayuntamientos son los auténticos responsables de la degradación ambiental. Hay muchos ejemplos que se podrían destacar, algunos genéricos (y no por ello menos graves) como el de la gestión urbanística de Rivas Vaciamadrid, que además de agotar el suelo urbanizable amenaza directamente al entorno de los cortados de El Piúl. Arganda del Rey consiguió que se aprobara un vertedero de escombros sin ningún control ambiental serio (véase acuerdo 15/10 de la Junta Rectora del 14 de enero de 2003). San Fernando ha "colado" como urbanizable una finca privada haciéndola pasar como parte del complejo del polideportivo (véase acuerdo de la Junta Rectora del 3 de abril de 2002), un favor muy rentable para sus propietarios. Ciempozuelos ha intentado que se autorizaran lagunas para esquí acuático, San Martín de la Vega lagunas para piragüismo, etc., etc.

De las trece denuncias presentadas ante diferentes ayuntamientos, ninguna ha dado lugar a sanciones conocidas o a medidas correctoras. En su defensa hay que decir que las competencias en medio ambiente son limitadas. Una situación que no les ha impedido a algunos ayuntamientos ejercer un importante papel en el control de algunas actividades: sanción de 10 millones impuesta por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares a la empresa STEETLEY por la apertura de gravera sin licencia de apertura, o el papel determinante del Ayuntamiento de Rivas para impedir la apertura de la mayor gravera en la finca de El Piúl.